En Neiva, como en muchas otras ciudades del país, las trabajadoras sexuales, especialmente aquellas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+, enfrentan un panorama de dificultades que impactan directamente su calidad de vida, su seguridad y su acceso a servicios básicos. La situación de este sector de la población es compleja y está marcada por el rechazo social, la violencia estructural y la falta de apoyo institucional, factores que se traducen en una vulnerabilidad constante.
DIARIO DEL HUILA, NEIVA
POR: ALEJANDRO POLANCO
Si bien el trabajo sexual LGBTIQ+en Neiva ha sido históricamente asociado con zonas como la carrera segunda, que se ha consolidado como una de las principales áreas de ejercicio de esta actividad, en los últimos años se ha observado un cambio en los puntos de concentración. Una de las áreas que ha cobrado relevancia es en inmediaciones al centro comercial Único, ubicado al norte de la ciudad. Esta área de la comuna 1 se ha convertido en un nuevo espacio donde el trabajo sexual es visible, y donde, a diario, entre 30 y 35 personas ejercen esta actividad en condiciones de alta vulnerabilidad.
La realidad para estas trabajadoras sexuales es compleja. En los últimos meses, ha habido un incremento de las agresiones físicas, que van desde heridas con armas blancas hasta amenazas de muerte, lo que pone en riesgo constante su integridad física y emocional. A esto se suman las agresiones verbales y psicológicas, a menudo relacionadas con el estigma y el rechazo social hacia el trabajo sexual y la diversidad sexual. Las agresiones no solo provienen de la comunidad en general, sino también de algunas autoridades, incluidas unidades de la Policía Nacional, lo que complica aún más el panorama de seguridad para estas personas.
Este entorno de violencia no es una situación aislada. La falta de recursos y herramientas por parte de las instituciones para proteger y garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales perpetúa un ciclo de abuso e impunidad que sigue sin resolverse.
Acceso a servicios básicos: La salud como un derecho no garantizado
Uno de los principales problemas que enfrentan las trabajadoras sexuales LGBTIQ+en Neiva es la falta de acceso a servicios de salud adecuados. La mayoría de ellas no están censadas ni registradas en el sistema de salud, lo que las priva de acceso a atención médica de calidad, y las coloca en una situación de vulnerabilidad frente a enfermedades de transmisión sexual (ETS) y otras patologías graves. El acceso limitado a consultas médicas preventivas y tratamientos para condiciones crónicas dificulta aún más la situación.
En una reciente jornada de verificación liderada por la Personería Municipal de Neiva, se evidenció que muchas trabajadoras sexuales no cuentan con servicios de salud regulares debido a su invisibilidad en los sistemas de registro. Esta falta de acceso formal las deja expuestas a riesgos mayores, incluidos los relacionados con el VIH/SIDA, enfermedades ginecológicas y otras afecciones que, en muchos casos, no son tratadas hasta que se agravan. La situación es aún más complicada debido a que muchas de ellas no tienen una residencia fija, lo que dificulta que los servicios de salud puedan llegar a ellas de manera eficaz y constante.
Para algunas trabajadoras sexuales, organizaciones locales de salud comunitaria han intentado llenar este vacío ofreciendo consultas y campañas preventivas. Sin embargo, la falta de una red institucional sólida hace que la atención sea dispersa y no suficiente.
Retos en la implementación de políticas públicas
A pesar de que el trabajo sexual es una actividad reconocida en el país bajo ciertas condiciones, la atención a los derechos de las trabajadoras sexuales sigue siendo deficiente en Neiva. En este contexto, el Personero de Neiva, Andrés Bastidas, ha señalado la importancia de incluir a las trabajadoras sexuales en los planes y estrategias de atención pública, pues se trata de un grupo históricamente olvidado por las políticas públicas. En su reciente declaración, Bastidas expresó que es necesario que las autoridades locales asuman un compromiso serio con la inclusión y el respeto de los derechos de estas personas, independientemente de su ocupación.
Según el personero, uno de los mayores obstáculos para ofrecer un apoyo efectivo es la falta de un censo único y oficial de las trabajadoras sexuales en la ciudad, lo que dificulta la implementación de políticas públicas y programas de asistencia. Sin un registro claro, es imposible realizar intervenciones oportunas, lo que a su vez agrava la desprotección de este grupo vulnerable.
Además, el funcionario hizo un llamado a la sociedad neivana para promover una cultura de respeto hacia las trabajadoras sexuales y la comunidad LGBTIQ+, recordando que estas personas deben ser reconocidas como sujetos de derechos, al igual que cualquier otro ciudadano. Para ello, destacó la importancia de que la comunidad y las instituciones trabajen juntas para garantizar la seguridad, el acceso a servicios médicos y la integración plena de este grupo en la sociedad.
Las redes de apoyo auto protectoras
A pesar de las adversidades que enfrentan, muchas trabajadoras sexuales en Neiva han formado redes de apoyo entre ellas. Estas redes, que se basan en la solidaridad y el apoyo mutuo, les permiten enfrentarse a las agresiones y las situaciones de riesgo. Sin embargo, la informalidad de estas redes no es suficiente para garantizar su seguridad ni para proporcionarles la atención que requieren de manera constante.
El trabajo de estas redes autogestionadas ha sido fundamental, pero es evidente que es necesario un enfoque más institucionalizado que brinde un apoyo real y estructural. Las trabajadoras sexuales a menudo dependen de su propia capacidad de organización para evitar agresiones o para acceder a servicios de salud, lo que demuestra la falta de una infraestructura adecuada para su atención.
Durante las visitas realizadas en la carrera segunda y el sector norte de Neiva, el personero destacó que no se evidenció la participación de menores de edad en el ejercicio del trabajo sexual. Sin embargo, fue enfático al señalar que esta ausencia no elimina la posibilidad de que existan casos aislados. “Aunque no encontramos menores, no podemos descartar que, por su alta vulnerabilidad, algunos adolescentes LGBTIQ+ puedan estar expuestos a estas actividades”, precisó Bastidas.
Bastidas también instó a las instituciones locales a fortalecer los programas educativos y de inclusión, que brinden alternativas seguras para evitar que esta población termine en situaciones de riesgo. “La clave está en crear entornos protectores y promover la garantía de sus derechos desde un enfoque diferencial”, concluyó.
Sin embargo, el camino hacia la plena inclusión y la garantía de derechos sigue siendo largo y está lleno de obstáculos. La falta de un censo único, la movilidad constante de las trabajadoras sexuales y la discriminación institucional continúan siendo barreras que deben ser superadas. La inclusión de estas personas en la sociedad no solo depende de la voluntad de las instituciones, sino también de un cambio cultural profundo que promueva el respeto y la dignidad de todas las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual u ocupación.
