El panorama laboral de los jóvenes en América Latina está cambiando drásticamente, alejándolos del sector agrícola. Según un informe de la Cepal y Ayuda en Acción, para 2030, siete de cada diez jóvenes estarán empleados en servicios públicos y empresas, dejando atrás ocupaciones relacionadas con la agricultura y la construcción. Esta transición masiva plantea retos significativos, ya que el sector de servicios, aunque predominante, no ofrece la productividad necesaria para impulsar el desarrollo sostenible de la región.
Además, esta tendencia aumenta los riesgos de precariedad laboral y desempleo juvenil. La Cepal señala que más del 20% de los trabajadores jóvenes ganan salarios por debajo de la línea de pobreza, y el 37% reciben menos del mínimo nacional. En las zonas rurales, la informalidad laboral afecta a más del 50% de los jóvenes empleados, destacando la desigualdad entre áreas urbanas y rurales.
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La falta de políticas públicas enfocadas en la inclusión laboral juvenil agrava la situación. La Cepal y Ayuda en Acción han propuesto iniciativas como la formalización del empleo, la reducción de brechas de género y la mejora en la calidad de la educación para abordar estos desafíos. Sin embargo, hasta ahora, los esfuerzos no han logrado frenar la incertidumbre laboral que afecta principalmente a los jóvenes rurales.
La ministra de Trabajo de Colombia, Gloria Ramírez, subrayó la necesidad de garantizar derechos laborales en el campo, mientras que Ángela Penagos, de la Cepal, hizo un llamado a entender la importancia de la ruralidad en el desarrollo comunitario. Ambos coincidieron en que, sin políticas claras, el desempleo y la inequidad continuarán impactando a los jóvenes, perpetuando la pobreza y la exclusión social en la región.
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