Carlos Yepes A.
Ya se conoce el texto de la Ley de Financiamiento que deberá ser estudiada por el Congreso de la República. Está concebida como una herramienta mediante la cual el gobierno pretende reactivar la economía y fortalecer la sostenibilidad fiscal, por lo que hoy está en la mira de todos los sectores. A través de la promoción de inversiones verdes y la dinamización de la inversión privada, se espera lograr un crecimiento inclusivo y responsable con el medio ambiente. Sin embargo, tiene limitaciones y grandes desafíos, especialmente si se analiza con desde las regiones, en cuanto a su efectividad.
Siendo objetivos, debemos reconocer que esta ley es ambiciosa y progresiva. Así lo demuestra, de manera destacada, al incorporar un componente verde a la regla fiscal, que marcaría, sin duda, un antes y un después en la gestión gubernamental en materia de cambio climático y transición energética. Este componente busca movilizar importantes recursos hacia proyectos sostenibles para mejorar las cifras de empleo. Además, esta ley impulsa la inversión privada otorgándole incentivos fiscales y creando mecanismos para dinamizar sectores como el turismo, la agricultura y las energías renovables. Por el lado del recaudo, pretende mejorar la eficiencia en la administración tributaria para reducir la evasión.
Desde la óptica regional, la ley pretende incrementar los recursos hacia los territorios, priorizando la inversión pública en infraestructura verde, turismo sostenible y desarrollo social, con el fin de cerrar brechas históricas de desigualdad, empoderar a los municipios de bajos ingresos y potenciar economías locales, articulándolas más eficientemente con el nivel nacional.
Todo esto, en el papel, parece ser posible, pero el éxito de esta implementación está ligado a la “confianza y respuesta” del sector privado. Las inversiones verdes y la dinamización económica, a través de los incentivos ofrecidos, dependen de si los actores privados confían o no en el entorno político y jurídico del país. De no ser así, el impacto esperado de las medidas adoptadas en la ley podría diluirse, dejando a las regiones sin estos beneficios.
De otra parte, para las regiones apartadas, para la Colombia olvidada, implementar la ley resulta todo un desafío a pesar de las oportunidades. Si bien se abren puertas a recursos de manera más equitativa, deben superarse barreras históricas como la falta de capacidad institucional, el marcado centralismo en la asignación de recursos y la inseguridad reinante que disuade la inversión privada.
Por ejemplo, en el Huila, municipios con gran potencial en biodiversidad podrían ser beneficiados en sectores como el turismo sostenible o la agricultura, pero nuestras limitaciones en infraestructura, conectividad y seguridad hoy nos alejan de estas iniciativas.
En conclusión, necesitamos, en primer lugar, que el gobierno acompañe la ley. Su implementación requiere fortalecer las capacidades regionales y asegurar para ellas recursos de forma equitativa y eficiente. En segundo lugar, se requiere de una clara estrategia para generar suficiente confianza en el sector privado, eliminando la sensación de incertidumbre, para incentivar su participación en el desarrollo regional.
