A partir de este mes, el precio del galón de ACPM sube 400 pesos en Colombia, alcanzando un promedio de 10.248 pesos. Este aumento, resultado de los acuerdos entre el Gobierno y los transportadores tras el paro camionero, genera dudas sobre su efectividad para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles.
DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
El inicio de diciembre llega con una noticia que impacta directamente el bolsillo de los colombianos: el precio del galón de ACPM subirá 400 pesos, alcanzando un promedio nacional de 10.248 pesos. Este incremento, que forma parte de los acuerdos entre el Gobierno y los transportadores para superar el paro camionero de septiembre, ha generado un intenso debate sobre su efectividad para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) y sus posibles repercusiones económicas y sociales.
Según el Ministerio de Hacienda, el precio del ACPM varía significativamente entre las ciudades. Cali lidera con el valor más alto, alcanzando los 10.677 pesos por galón, seguida de Villavicencio (10.656 pesos) y Pereira (10.619 pesos). En contraste, ciudades como Pasto y Cúcuta mantienen los precios más bajos, con 9.548 y 8.241 pesos respectivamente.
A nivel regional, Colombia se posiciona como el tercer país con el precio más bajo en América Latina, detrás de Ecuador y Bolivia, pero muy por debajo de países como México, donde el galón supera los 21.000 pesos colombianos. Sin embargo, la diferencia de precios no necesariamente refleja un alivio para los colombianos, quienes enfrentan un aumento constante en el costo de vida.
El origen del incremento: un acuerdo para superar el paro camionero
El aumento de 400 pesos es el segundo tramo de los compromisos adquiridos por el Gobierno con los transportadores, quienes bloquearon gran parte del país en protesta por un anuncio inicial de incrementar el precio del galón en 1.904 pesos y llevarlo a un aumento acumulado de 6.000 pesos para 2025.
Tras intensas negociaciones de tres días lideradas por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la ministra de Transporte, María Constanza García, se llegó a un acuerdo que limitó el aumento total a 800 pesos. Aunque esto permitió levantar el paro, también implicó sacrificar la meta inicial de reducir el déficit del FEPC, que se estima en 11,3 billones de pesos.
El déficit del FEPC: un problema persistente
A pesar del aumento, los analistas coinciden en que este no será suficiente para cerrar el déficit del FEPC, el cual sigue siendo una carga significativa para las finanzas públicas. Según un informe de Anif, mantener el subsidio al ACPM representa un costo insostenible para el país, por lo que se ha planteado la necesidad de eliminarlo gradualmente.
El exministro Juan Camilo Restrepo advirtió que el acuerdo actual no resuelve el problema fiscal. «El déficit de 11,2 billones de pesos es casi equivalente a lo que se aspira a recaudar con la reforma tributaria», señaló, destacando que el ajuste necesario en el precio del ACPM quedó frustrado.
Consecuencias económicas y sociales
El aumento del ACPM tiene implicaciones directas e indirectas en la economía. Por un lado, afecta los costos operativos de los transportadores, quienes dependen del diésel para mover carga y pasajeros. Por otro lado, este incremento puede trasladarse al consumidor final a través del alza en los precios de los alimentos, bienes y servicios.
Además, el congelamiento de futuros aumentos hasta que se definan los procesos de transformación del sector podría agravar la situación fiscal en el mediano plazo. La falta de un ajuste estructural en los precios de los combustibles plantea dudas sobre la sostenibilidad del FEPC y las políticas de subsidios actuales.
¿Es suficiente el incremento?
Aunque el aumento de 400 pesos por galón busca equilibrar los intereses de los transportadores y las necesidades fiscales, no parece ser suficiente para solucionar el déficit estructural del FEPC. Las mesas de trabajo prometidas para transformar el sector serán clave para definir una hoja de ruta que permita avanzar hacia un modelo más sostenible y menos dependiente de los subsidios.
El Gobierno enfrenta un desafío complejo: garantizar la estabilidad social, responder a las demandas del sector transporte y mantener el equilibrio fiscal. Mientras tanto, los colombianos seguirán sintiendo los efectos de un incremento que, aunque limitado, se suma a las presiones económicas de un final de año marcado por la incertidumbre.
Un panorama incierto
El precio del ACPM y las políticas relacionadas con el FEPC seguirán siendo un tema crucial en la agenda pública de los próximos meses. Con un déficit que amenaza la sostenibilidad fiscal y un sector transporte que demanda soluciones estructurales, el Gobierno deberá encontrar un equilibrio que responda tanto a las necesidades inmediatas como a los retos a largo plazo.
La pregunta sigue siendo: ¿serán suficientes los acuerdos y las medidas actuales para superar este complejo panorama económico?
