Por Adwar Casallas
La Convención Interamericana contra la Corrupción realizada el 29 de marzo de 1996, por los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue el primer instrumento jurídico internacional que reconoció la trascendencia internacional de la corrupción y la necesidad de contar con una herramienta para combatirla.
En el año 1999 entró en vigencia el Convenio de Lucha Contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, que mantiene como finalidad castigar los actos de soborno realizados por los nacionales de los países firmantes a funcionarios públicos extranjeros, cuyo fin haya sido el de conseguir, dar o conservar un beneficio irregular en la realización de actividades económicas internacionales.
Este convenio fija la obligación de definir como delito y penalizar el cohecho realizado para la obtención de algún contrato internacional de manera ilícita, bien sea como autor o de cómplice en delitos como el interés indebido en la celebración de contratos, negociación incompatible, entre otros. Varios estudios han demostrado que las empresas se afectan directamente por la corrupción, toda vez que se aumentan sus costos de transacción, incluyendo riesgos adicionales a las operaciones por posibles persecuciones, multas y sanciones y finalmente, no es un negocio seguro, toda vez que siempre puede haber alguien que ofrezca más. Hay casos donde empresas serias no participan en procesos de licitación porque saben que hay procesos “amañados» y se conoce con antelación el nombre del ganador.
Ejemplo más reciente, el caso Odebrecht en Perú, donde la justicia peruana condenó al ex presidente de ese país Pedro Pablo Kuczynski por haber recibido 300.000 dólares para su campaña presidencial a cambio de favorecer contratos a dicha empresa brasileña. Los contratos que obtuvo Odebrecht en este país fueron de 1,4 Billones de dólares, proporciones desmedidas comparadas con procesos competitivos. (Fuente: NYT, 2019).
Según Juan Mendoza, importante economista peruano, el caso Odebrecht desmoralizó a los ciudadanos y puso en duda la legitimidad de los que detentaban el poder y se crearon pensamientos contraproducentes como ¿por qué voy a confiar en autoridades corruptas o en quienes toleran la corrupción? ¿Por qué tengo que pagar impuestos para que empresas corruptas se los metan al bolsillo? Mientras que otros pensaban ¿por qué no puedo robar yo también si a los ladrones de saco y corbata, que roban por millones, no les pasa absolutamente nada? (Fuente: Mendoza, 2016).
Mientras tanto el mercado de los negocios parece cada vez mostrar más su lucha contra la corrupción sin que ésta sea su propósito, toda vez que se ha demostrado como el precio de las empresas y de las acciones de las mismas es inversamente proporcional a los escándalos de corrupción.
