Diario del Huila, Nacional
En el marco del Paro Nacional, que ya completa 21 días, la Procuraduría General de la Nación informó que se han abierto 80 procesos disciplinarios para aclarar las presuntas violaciones de derechos humanos que se han presentado en medio de las manifestaciones.
De las 80 investigaciones, 71 son acciones disciplinarias en contra de funcionarios de la Policía Nacional, por presuntas violaciones a los derechos humanos, con ocasión de su intervención en las protestas. Se investiga el presunto exceso de la fuerza y abuso de autoridad.
Así mismo, la Procuraduría adelanta nueve acciones disciplinarias contra funcionarios públicos; dos investigaciones disciplinarias contra: Wilson García Fajardo, alcalde de Zipaquirá (Cundinamarca), y Fabio Medrano, alcalde de Paipa (Boyacá).
Seis indagaciones preliminares que vinculan al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, el alcalde de Cartagena, William Dau, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, el alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman Ortiz, la concejal de La Tebaida, Fanny Flórez Jiménez y el concejal del Municipio de Guarne, John Salazar y una indagación preliminar contra el Gerente de la ESE Hospital San Joaquín del municipio de Nariño, Antioquia.
La Procuraduría advierte que los funcionarios públicos, en este caso los alcaldes y gobernadores, en su calidad de primera autoridad de los municipios de su jurisdicción, tienen la posición de garantes de los derechos, tanto de los manifestantes como de las personas que no desean protestar.
Así mismo, la entidad enfatizó que entre los casos en investigación hay nueve casos asociados a homicidios en Cali (Valle del Cauca), Madrid (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima). Tres procesos disciplinarios por presunto abuso sexual en Cali (Valle del Cauca), Popayán (Cauca)y Manizales (Caldas).
También se tramita una indagación preliminar por acción arbitraria de la Fuerza Pública en las instalaciones del Colegio Claretiano de Bogotá.
En ejercicio del poder preferente se han asumido 20 investigaciones que estaban a cargo de la Inspección General de la Policía Nacional para adelantar la acción disciplinaria y garantizar el debido proceso, la celeridad de las actuaciones, y los derechos de las víctimas, a fin de alcanzar la verdad material.
