Por: Alfonso Vélez Jaramillo
Son pocos los colombianos que no están de acuerdo con una protesta pacífica para reclamar del gobierno nacional mejores condiciones de vida en materia económica y social.
Pero en Colombia todo es posible, dicen están de acuerdo con la protesta, pero las voces de rechazo contra el paro crecen todos los días, aunque usted no lo crea, por sus consecuencias comprometidamente dañinas para la economía de todos.
Es paradójico e inadmisible, la mayoría en nuestro país, en su momento rechazó un proceso de paz, como nunca se había visto en ninguna parte del mundo.
Creo que la generalidad ha perdido credibilidad en el presidente constitucional Iván Duque y su gabinete. Inclusive, las preferencias por el ex presidente Álvaro Uribe, igual siguen de capa caída. A Uribe, muchos lo consideran, el presidente que manda. Igual ocurre con la clase política en general.
La gente no soporta más equivocaciones del Gobierno en todos los órdenes, se gasta la plata de Estado en asuntos no necesarios y casi de manera simultánea presenta una confiscatoria retrógrada reforma tributaria para los pobres, aludiendo que no hay recursos para asuntos sociales.
Cuando ve la cosa seria, anuncia gratuidad del próximo semestre para los universitarios e invoca que ojalá este beneficio sea una política de Estado y no de cada Gobierno, esta decisión debió haberse tomado hace muchos años y entonces si había plata.
La incineración de buses, ataque a los CAI, daños a la riqueza histórica y cultural, son hechos muy graves que visibilizan el detrimento del orden público en Neiva, que amerita acciones fuertes del gobierno municipal, claro que el hambre y la miseria tampoco es justificable.
La protesta, da la impresión de que, siendo convertida en una incursión armada, inclusive, se ha visto en redes sociales a hombres de civil disparando y a otros amenazantes contra la población y la misma prensa.
Después de las marchas aparece el fantasma del vandalismo encapuchado, se vive una tensa calma y las actividades comerciales a media marcha.
Vino el ministro de Agricultura, pero rechazaron hablar con él funcionario y arrecian contra las sedes policiales que merecen respeto. Esto es grave, están sembrando caos.
Y, aunque la protesta es un reproche al Gobierno de quien ejerce el derecho de opinión, de reunión y de asociación, no es un derecho absoluto y llega hasta donde lo permite el derecho de las demás personas, ni mucho menos da patente de corso para causar daños a la propiedad privada conseguida con esfuerzo y muchos años de trabajo.
El alcalde Gorky Muñoz Calderón, exponiendo su propia vida, estuvo entre los manifestantes, pero estos incumplieron su palabra de no hacer daño, pese a todas las garantías y el diálogo permanente con sus líderes. El gobernador Luis Enrique Dussán anunció haber hecho lo mismo.
Los violentos destruyeron el peaje, incendiaron cajeros, electrónicos, destruyeron sedes bancarias, asaltaron y saquearon supermercados, hurtaron motocicletas nuevas de los almacenes y dañaron fachadas.
En tanto que, los gremios económicos del Huila denunciaron su compleja situación a raíz de los bloqueos de las vías. En un informe denominado “Huila una sola voz” centralizado por la Cámara de Comercio, presentarán cifras concretas de sus millonarias pérdidas.
Aquí necesitamos el control de las autoridades. Una protesta es pacífica cuando no se afecta la tranquilidad, y pierde su esencia y se desnaturaliza, cuando a juicio de las autoridades, como la de Neiva, está orientada por agitadores profesionales.
Es ineludible que los organizadores del paro clarifiquen en qué posición están y condenen las acciones violentas que comenzaron a deslegitimar su protesta social.
Ya se siente el cansancio de muchos ciudadanos, quienes en un principio estaban apoyando una protesta pacífica y no acciones criminales.
