La sociedad colombiana ha venido padeciendo desde décadas atrás una profunda crisis social y económica por la aplicación incoherente de los instrumentos de la política económica, que ha lesionado el bienestar general de las familias colombianas, por la agresividad en sus medidas, que las ha empobrecido progresivamente, sin que exista un norte definido del gobierno nacional, para detener este flagelo que está corroyendo la salud de las instituciones democráticas del país. Pero el último intento que tenía el ejecutivo, para seguir con esta serie de acciones gubernamentales lesivas, fueron derrotadas, por el pueblo colombiano.
Lo anterior exacerbó los ánimos de la ciudadanía. El solo anuncio de la presentación al Congreso de la República del proyecto de Ley que buscaba modificar la estructura tributaria del país, en medio de la pandemia del Covid, generaron las más grandes movilizaciones sociales, en todo el territorio colombiano. Tiene en jaque a la institucionalidad colombiana. Todavía no se vislumbra una luz al final del túnel para superar los crecientes taponamientos en todas las vías principales del país.
Fue una torpeza haber buscado en los bolsillos de las familias, la solución a la crisis fiscal acumulada desde años anteriores, por la prepotencia y la arrogancia de algunos integrantes del equipo económico del alto gobierno. No escucharon las voces de los diversos sectores de la opinión pública, que le recomendaban y le solicitaban a grito, que no se presentara este esperpento de iniciativa ejecutiva. Pero se hicieron los sordos del clamor ciudadano. Era como sacarle sangre a una persona anémica.
Ahí tenemos a la vista las consecuencias. Un paro nacional que provocó el hundimiento de dos grandes iniciativas del gobierno nacional. Y unos actores radicales que se han tomado la vocería de estas protestas sociales, que, en la mayoría, no atienden sus directrices. Es un caos y una anarquía sin control alguno. Destrucción, vandalismo, taponamientos ilegales, saqueos, cobro de peajes ilegales, bajo amenazas, entre otras manifestaciones de violencia, que tienen a la población arrinconada y avasallada a sus intereses delincuenciales.
Es la primera vez, que la Fuerza Pública se encuentra atemorizada y arrinconada en sus cuarteles. Se encuentran maniatadas porque no pueden utilizar sus equipos para contrarrestar estos desmanes, que están desdibujando el objetivo principal de la protesta. Algunos organismos de control, a través de sus fallos judiciales, les impide utilizarlos para defender los bienes materiales y la vida de los colombianos. Es la pura y cruda realidad. Las redes sociales, se han vuelto virales para difundir cualquier abuso que se llegase a presentar contra los vándalos y personas violentas que infrinjan la normatividad colombiana. Pero nunca, difunden la falta de alimentos, combustibles, medicamentos, y el panorama salvaje que están provocando en el bienestar de las familias colombianas.
