Aunque para algunos es un avance lento, la adopción de un protocolo para garantizar los derechos de los manifestantes sería una señal del Gobierno Nacional de reconocer que el accionar de la fuerza pública durante la jornada de protestas debe cambiar.
Este acuerdo muestra que las partes están comenzando a llegar a pequeños consensos sobre la realidad nacional y lo que se necesita para darle solución a los problemas estructurales por los cuales cientos de colombianos se han unido a las manifestaciones y bloqueos que se viven en el país desde el pasado 28 de abril.
Así lo manifestó el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien tras 17 horas de encuentro con centrales obreras, agrícolas y hasta de maestros, dijo “Hemos avanzado positivamente en la construcción de algunos puntos de encuentro para fortalecer las garantías al ejercicio de la movilización pacífica”.
El presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Percy Oyola, había reconocido el anterior viernes que, “el solo hecho de que el Gobierno no diga que todo está bien, que el comportamiento del Esmad, que el uso de armas letales, que la detención como se hace hoy de hacer redadas y capturar gente que está en la movilización, el sólo hecho de poder avanzar en esa discusión creo que es importante”.
