Por: Luis Alfonso Albarracín Palomino
El país está viviendo un alto nivel de ingobernabilidad, por el caos que presentan algunos territorios por la deslegitimización de la institucionalidad legalmente constituida, por varios actores extremistas, que hacen presencia en Colombia. Se han aprovechado de la protesta social, que ha logrado tumbar a los Proyectos de Reforma Tributaria y a la Salud. Igualmente, la presión popular tiene sumido al gobierno nacional, en la más profunda crisis política, como nunca se había visto en la historia de la vida republicana de Colombia, por culpa de su actuar gubernamental que ha ido en contra vía del bienestar de las familias colombianas.
El desbordamiento de medidas gubernamentales bastantes lesivas a la sociedad colombiana, llegaron a su fin. El Estado ha perdido el control absoluto sobre el manejo del país, así algunos sectores políticos no lo acepten. Pero es la cruda realidad. La Fuerza Pública y las Fuerzas armadas, se encuentran arrinconadas en sus cuarteles, por las visitas de algunas organizaciones de Derechos Humanos, que están visitando al país, con una óptica parcializada de que el gobierno es el culpable de algunos abusos de las autoridades. Pero solo lo hacen desde una mirada unilateral. Desafortunadamente algunos fallos judiciales recientes han contribuido para que la Fuerza Pública no pueda utilizar las armas que le otorga el Estado para contrarrestar a los violentos. Así como vamos, solo podrán utilizar palos de escoberos para frenar el frenesí de las hordas que se ensañan contra la tranquilidad y la paz de las ciudades.
Igualmente, hay que mostrarles a estos ilustres visitantes los taponamientos y bloqueos que presentan todas las vías nacionales. Por parte de camioneros, indígenas y otras organizaciones comunitarias, que están provocando un progresivo desabastecimiento de alimentos, bienes y servicios esenciales. Se les debe revelar la otra cara de la moneda. La manera como los bloqueos afectan derechos fundamentales hace necesario que estos cesen.
Pero no se dan cuenta de la otra cara de la crisis que está afrontando toda sociedad colombiana. Muchas marchas terminan pacíficamente. Eso está bien. Pero luego vienen los encapuchados que empiezan a vandalizar y a generar destrucción, de toda la infraestructura productiva de los municipios. Los saqueos, robos, atracos, peajes ilegales, entre otros hechos delincuenciales, están a la vista de todos. Tras 27 días de agitación social como consecuencia del paro nacional, los bloqueos en más de treinta puntos de la red vial nacional han generado una muy grave afectación para millones de colombianos.
De vuelta a las vías cerradas, no solo causan escasez de bienes básicos de la canasta familiar o la disparada de sus precios, también la falta de combustible y el impacto que estas barricadas terminan teniendo en el aparato productivo del país. Esto, a la larga, se traduce en pérdida de empleos en un momento tan crítico para una economía que venía dando señales de recuperación tras el brutal impacto de las medidas para contener la pandemia del Covid.
La mayoría de la sociedad colombiana se encuentra totalmente desconcertada por la ingobernabilidad que presenta el país por el incremento de hechos violentos que están generando un caos y una anarquía en algunas ciudades.
En Colombia, existe una incertidumbre porque no se vislumbra una luz al final del túnel donde se terminen estas tragedias, por un lado, la sanitaria provocada por la pandemia del Covid y por el otro, por la violencia provocada por el vandalismo irracional, que se ha generado.
Estas acciones irracionales y demenciales están desdibujado los objetivos de las protestas sociales. Es muy preocupante el incremento de estos actos vandálicos en las principales ciudades del país. Inclusive en capitales se están presentando bloqueos urbanos que impiden la movilización ciudadana y que son aprovechados en horas nocturnas para desbordar todo su frenesí, para arremeter contra las propiedades privadas y la infraestructura de estas localidades.
Así como vamos, el país se les está saliendo del control a las autoridades gubernamentales. Falta autoridad y decisión para poder contrarrestar esta violencia que cada vez está creciendo y que están desbordando la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública.
Los empresarios, los comerciantes, los campesinos y grandes productores agropecuarios no pueden aceptar que los vándalos impongan su ley, cobren peajes y se adueñen de territorios. Claramente se buscan destruir las redes de suministros para colapsar pueblos y ciudades. El primer herido en toda guerra es la economía, el sector agropecuario, la banca, el comercio y el transporte. Estamos viviendo momentos muy difíciles y están por llegar los más difíciles. Las pérdidas económicas ya valen más que la reforma tributaria a la cual nos opusimos en su momento; no solo las que deja la destrucción del inmobiliario urbano, las pérdidas de vidas, los heridos, el traumatismo en el comercio formal, sino la baja en el grado de inversión que alejará a los capitales subirá las tasas locales, graduará los papeles oficiales como bonos basura y pasará la cuenta a las instituciones financieras en sus próximos reportes.
Debemos acompañar a la marcha que desarrollarán mañana todos los neivanos contra los bloqueos y taponamientos, que tienen sumido al departamento del Huila, en la más profunda crisis social y económica. Desde Cali, donde nos encontramos con mi esposa Amparo y mi perro Motas, sin poder regresar a Neiva, los acompañaremos de corazón. Queremos libre circulación.
