El Consejo Superior de la Judicatura presentó recientemente un comunicado en el que hace referencia a los recientes actos violentos que han ocurrido en el país, específicamente, el incendio del Palacio de Justicia de Tuluá, en la noche de este 25 de mayo.
Según la Judicatura, este hecho hace recordar a los colombianos el holocausto que ocurrió 35 años atrás en la capital colombiana.
“En nombre de toda la Rama Judicial, rechaza los ataques sistemáticos a las sedes judiciales del país, que obstaculizan el acceso a la prestación del servicio de justicia”, expresa el comunicado.
Entonces condenan los actos ocurridos en este municipio de Valle del Cauca, que era considerado un monumento arquitectónico en la ciudad, allí se encontraban 22 despachos judiciales.
Según lo comunicado, la destrucción de expedientes y el ataque a la justicia no puede ocurrir, ya que obstruye el propósito de construir “una sociedad más justa”, ya que los jueces son los garantes de los derechos fundamentales de los colombianos.
La corporación quiere enviar un mensaje de solidaridad, apoyo y reconocimiento a los servidores judiciales, quienes realizan responsablemente su labor, a pesar de lar pandemia y la violencia presentada en diferentes puntos de la nación.
“Estamos seguros que el mejor camino para reconocer la diferencia es el diálogo. No queremos tener más este sentimiento de impotencia y tristeza, no solo por el ataque a la justicia, sino a institucionalidad del país ¡Los actos violentos deben cesar!”, concluye el comunicado de la Judicatura.
De hecho, la Corte Suprema de Justicia también se unió al llamado con su propio comunicado: “La Corte Suprema de Justicia rechaza rotundamente la destrucción del Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zúñiga de Tuluá – Valle del Cauca, al igual que episodios similares como los registrados también en las sedes judiciales de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cundinamarca, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Rosa de Viterbo, La Plata y Villavicencio”.
“Estos eventos ponen en peligro la integridad de los funcionarios y empleados judiciales, quebrantan la indemnidad de la justicia e impactan los ya escasos recursos con los cuales funciona. La destrucción de expedientes otorga ventajas a la impunidad y a la agudización de los conflictos, no a su resolución”.
