Por: Harold Salamanca
El pasado primero de abril, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) cumplió 35 años, tuvo su origen en la Ley 33 de 1986 que lo incorporó al Código Nacional de Tránsito Terrestre como un requisito obligatorio para todo vehículo automotor que transite por las vías del territorio nacional. El objetivo de esta póliza es garantizar la atención, de manera inmediata e incondicional, de las víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones corporales y muerte. El seguro repara el daño causado al asegurado y a los ocupantes de un vehículo, también a los peatones que pudieran verse afectados por un accidente de tránsito.
Según cifras recolectadas del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), por la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), la evasión del Soat al cierre de la vigencia 2020 a nivel nacional era de 45% del parque automotor registrado, lo que equivale a casi cinco de cada 10 vehículos. Esto quiere decir que de los 14,7 millones de automotores que contabilizan las autoridades, hay cerca de 6,6 millones evasores del seguro obligatorio. Según la última estadística disponible reportada por Fasecolda, la siniestralidad de SOAT aumentó 6 puntos porcentuales entre el año 2019 y 2020, pasando del 71,0% al 77,29% respectivamente.
Todo lo anterior lo traigo a colación por el trámite que surte en congreso de la república el proyecto de ley 155 de 2020 – Senado, cuyo objetivo es establecer medidas que permitan luchar contra la evasión en la adquisición del SOAT, mediante la adopción de incentivos para los tomadores de las pólizas. Los incentivos se aplicarían a los propietarios de vehículos que registren un buen comportamiento vial, y se concretará en la disminución del valor del SOAT, teniendo en cuenta el record de accidentes de tránsito en el año inmediatamente anterior, y el descuento flucutuaría entre el 15% y el 35%.
Al realizar una lectura detenida del proyecto de ley no se observa que se tomen medidas para moderar el cálculo de las tarifas del SOAT, especialmente para las motocicletas, teniendo en cuenta que es la segunda más costosa de Latinoamérica después del Perú. Tampoco se ven acciones concretas para combatir y endurecer las penas para de la evasión que ronda el 50% del parque automotor registrado. Más allá del proyecto de ley, el gran reto que tiene el gobierno y el sector asegurador es cambiar la percepción de la ciudadanía respecto de la verdadera función y utilidad de esta póliza de seguro.
