Por: Ernesto Cardoso Camacho
La situación de desorden público que ya cumple 30 días y ha llegado a niveles inadmisibles de anarquía y caos; tiene unas claras explicaciones que deben expresarse con franqueza y sin tapujos; aún a riesgo de ser considerado enemigo del gobierno por quienes hacen parte del coro de aduladores que metieron y aún mantienen al presidente Duque en una burbuja donde no ve, no escucha y no entiende lo que está pasando con el llamado paro nacional.
Por otra parte, es también necesario precisar que, a los promotores del paro, en quienes han confluido diversos intereses ideológicos y políticos con claras tendencias izquierdistas y desestabilizadoras; están actuando con una soberbia y arrogancia muy propias de quienes se creen amos y señores de las mayorías ciudadanas amantes de la paz y la sana convivencia social.
En medio de estas dos claras circunstancias la protesta social, legítima por ser un derecho de la democracia, ha venido degenerando en anarquía y caos; en destrucción de riqueza productiva; en mayor crisis fiscal; en el incremento de los niveles de pobreza; y en general, en confusión, incertidumbre y desesperanza.
Lo paradójico es que, a quienes dicen defender los promotores del paro, son quienes más sufren las consecuencias, pues son los sectores sociales más débiles quienes están perdiendo sus empleos; la carestía; la falta de transporte público en las ciudades; así como la ruina de muchos campesinos y empresarios agrícolas que no han podido comercializar sus cosechas por la intensidad y prolongación de los bloqueos en las vías principales de acceso a los mercados.
Es indiscutible que el derecho a la protesta debe ser siempre pacífica para que obtenga la protección del Estado y el apoyo de la sociedad. Pero cuando esta degenera en violencia y vandalismo terrorista, debe ser oportunamente controlada por la fuerza pública, desde luego respetando los protocolos existentes por el DIH para estos eventos.
Lo que hemos venido soportando cada día con mayor intensidad se le ha salido de las manos a los promotores de la protesta y al gobierno, principales actores del conflicto social que se estaba incubando desde hace varios años. Al respecto, debe recordarse que el senador Petro fue muy claro al señalar, la noche en que perdió las elecciones frente a Duque, que la movilización en las calles sería el escenario para confrontar y debilitar la gobernabilidad del presidente electo.
En este escenario de conflicto ha jugado como gasolina al fuego la intensidad devastadora de la pandemia. Los recientes incrementos de los contagios y muertes diarias por el Covid, obedecen a las continuas y numerosas marchas callejeras, colocando así al borde del colapso al sistema de salud para enfrentar con éxito la atención a sus miles de víctimas.
El intento de diálogo entre gobierno y promotores ha surgido como una posible solución definitiva. Sin embargo, no se entiende cómo es posible que se condicione una negociación, a la exigencia perentoria de que el Estado renuncie previamente al uso legítimo de su fuerza pública como garantía del derecho a la protesta. Ni se entiende que tal negociación se convierta prácticamente en una constituyente donde se modifique buena parte del modelo de democracia y de la estructura del Estado.
La explicación a semejantes pretensiones obedece a la evidente debilidad y desgaste del gobierno en donde la ingenuidad del presidente, originada en la inexperiencia suya y del equipo de gobierno, les ha otorgado ventajas estratégicas a los promotores que nos están saliendo muy costosas a los colombianos y a la institucionalidad democrática de la Nación.
Lo ocurrido hoy viernes con el acuerdo de Buenaventura es el vivo retrato de esa inexperiencia pero además, la inequívoca demostración de que no hay línea firme y clara del gobernante. ¿HASTA CUANDO ESTAREMOS EN ESTA INCERTIDUMBRE, CONFUSIÓN Y CAOS PRESIDENTE DUQUE?
