Por: Alberto Abello
En Colombia somos dados a denominar las cosas mediante eufemismos y nos mostramos esquivos a llamar a los fenómenos sociales graves por su nombre, en particular cuando los políticos y cronistas desconocen la historia y la geopolítica. Por lo mismo se evita reconocer, desde hace años, que vivimos episodios políticos sangrientos propios de la guerra civil.
Después de la guerra fría no se declara la guerra civil, las partes se combaten a muerte sin aviso previo ni declaración de guerra. Las novias no despiden a sus amados que van a la guerra, puesto que nadie sabe a quién le tocara el turno de salir herido o morir. Apenas cuando se dan acciones de terrorismo como la de incendiar el Palacio de Justicia en Bogotá por cuenta del M-19, se reconoció en el mundo que vivíamos una guerra civil. La conmoción del secuestro de Álvaro Gómez facilita la paz con los alzados en armas. Por el ataque terrorista de las Farc al Club del Nogal se condena al Estado, apelan y después, increíble, fallan contra los socios responsabilizándolos. Es la muestra de las falencias de la mentalidad opaca del foro.
El incendio del Palacio de Justicia en Tuluá es un episodio simbólico de guerra civil, por más que se intente minimizarlo, en el imaginario colectivo recuerda el asalto del Palacio de Justicia en Bogotá. Comparativamente sería como ignorar que en Nueva York no pasó nada con el ataque a las torres gemelas por cuenta de los talibanes. El fenómeno es sorprendente y muestra la confusión generalizada. Se critica a la senadora Cabal, por insistir en que se permita a los civiles de bien portar armas y ejercer el derecho a la legítima defensa en medio de una guerra civil despiadada. Se critica al expresidente Álvaro Uribe por declarar que el ejército debe salir y enfrentar con la fuerza, dado el caso, contra los sediciosos; como una fórmula para proteger a tiempo la sociedad civil de los terroristas. Siendo que se asesina a militares y civiles a los largo y ancho del terruño.
Se ignora con candidez la índole de la guerra civil que se libra en Colombia. Una magistrada bien intencionada, más ingenua que docta, sale a prohibir judicialmente las protestas callejeras y el paro. Lo primero que desconocen los subversivos es la Constitución y las leyes, que denuncian por politizadas y contrarias a sus postulados y fines, puesto que están contra del sistema. Entre otras cosas, los amigos de la Carta de 1991, que se salva apenas por los principios generales que dejaron de la de 1886 y los valiosos aportes del Álvaro Gómez, con sus excesos garantistas es la menos indicada para gobernar hoy a Colombia en plena guerra civil, menos cuando mediante tutelas y en diversas cortes, pueden atentar y burlar los dictados del gobierno.
El bando sedicioso en el conflicto actual, se vale de las masas que despertó sin proponérselo el ministro Alberto Carrasquilla, con su reforma al bolsillo de los colombianos sometidos a la crisis económica y los estragos de la pandemia, olvidando que por subir el pasaje del metro en Chile por poco tumban al presidente. ¿Entre nosotros qué otra reacción se podía esperar de una Colombia en guerra civil? Mas cuando el presidente Iván Duque, al que le tocó gobernar con todos los factores de crisis, en rojo y agravados, retira el proyecto impositivo y los sediciosos ni se calman ni paran los desmanes, van por sacrificar otras cabezas. Una reforma fiscal más moderada, previamente negociada con las fuerzas políticas de orden, habría pasado en el Congreso y con algo de persuasión diplomática calmado a las entidades calificadoras internacionales y los mercados. No fue así.
Aún en plena guerra civil. es preciso proteger la vida y bienes de los colombianos, incluso de los violentos y subversivos, con la intervención combinada de la fuerza pública, como del ejército y la policía. Hoy más que nunca el criterio de alta política debe prevalecer sobre el de los miopes e inexpertos, como la defensa de los principios conservadores y sociales de los partidarios del orden que en tantas oportunidades salvaron a la República en peligro.
