La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a uno de los policías que participó en el procedimiento de traslado de la menor de 17 años a una URI en Popayán, quien luego de haber sido presuntamente abusada sexualmente se quitó la vida.
El ente investigador hizo la aclaración en el informe que le entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vino a revisar las denuncias de violaciones de derechos humanos durante los más de 30 días de protestas en el país.
El informe tiene poco más de 35 páginas y asegura que se radicó una resolución para examinar el enfoque de género de las denuncias sobre casos de violencia sexual, intrafamiliar, explotación sexual y más conductas de este tipo dentro de las protestas pacíficas.
Según el informe, hay denuncias de 14 mujeres que habrían sido víctimas de violencia sexual, de estas 13 son civiles atacadas por la Policía y una es una uniformada que fue violentada por encapuchados.
El caso que anuncia la Fiscalía será investigado es el de la menor de 17 años trasladada de manera irregular hasta una URI, en Popayán. Allí fue entregada a su abuela y al día siguiente reveló que fue abusada por los uniformados. Este acto hizo que se quitara la vida, no sin antes señalar a sus agresores.
