La Misión de Observación Electoral (MOE) le solicitó al Congreso que no apruebe el proyecto de reforma del Código Disciplinario en el que se le otorgan facultades de jueces a los funcionarios de la Procuraduría, se concentra en la institución el poder para autorizar allanamientos e intervenir las comunicaciones, entre otras, y se crean una serie de cargos no determinados, incrementando la burocracia.
A través de una comunicación enviada el martes a los congresistas, la MOE recordó que esta propuesta de reforma fue presentada por la Procuraduría y el Ministerio Interior en respuesta al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el que señaló que, de acuerdo al artículo 23 de Convención Americana, solo “con condena, por juez competente, en proceso penal”, se pueden imponer sanciones de inhabilitación o destitución a funcionarios electos popularmente.
Sin embargo, anotó la MOE, en el artículo 1 del proyecto de reforma se insiste, en contravía de lo que señala la Corte IDH, en concentrar en la Procuraduría facultades de investigación y sanción de destitución, suspensión e inhabilidad contra todos los funcionarios públicos, sean estos elegidos o no popularmente, lo que preocupa porque “el proyecto de ley busca convertir a los procuradores en jueces, quienes tendrían el poder de abrir investigaciones, y de ser el caso, sancionar e inhabilitar a funcionarios”.
“Este diseño no responde a lo solicitado por la Corte IDH, toda vez que pese a que el proyecto otorga facultades jurisdiccionales, estas se mantienen en una institución de carácter administrativo, y no son trasladadas a un juez penal”, afirmó Alejandra Barrios, directora de la MOE, anotando que a eso se suma que tales facultades se mantienen en un órgano cuyo titular tiene un origen político, debido a que es elegido por el mismo Congreso, lo que no brinda las garantías de independencia e imparcialidad necesarias.
Así mismo, la propuesta de reforma da facultades a la Procuraduría para que de manera discrecional y sin previa valoración y conocimiento de un juez, autorice “la interceptación de comunicaciones, inspecciones corporales, registros y allanamientos, vigilancia y seguimiento de personas, vigilancia de cosas, entregas vigiladas, retención de correspondencia y recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones”. Por ello, a la MOE le preocupan las afectaciones que se generan al principio democrático y a los derechos políticos de los ciudadanos.
En tercer lugar, desde la MOE se percibe con preocupación cómo algunas entidades del Estado, haciendo uso de la iniciativa legislativa, presentan al Congreso proyectos de reforma legal que, en el marco de la modificación y ampliación de sus funciones, aumentan sin mayor justificación su planta de personal. Generando con ello un incremento en la burocracia de la entidad, sin presentar estudios sobre el impacto fiscal y sin brindar información sobre el número de cargos a contratar. Esto en medio de la mayor crisis económica en la historia republicana de Colombia.
Por último, para la MOE, claramente este proyecto de ley afecta el núcleo esencial del derecho a la participación política, razón por la cual, su trámite no corresponde al de una ley ordinaria, sino al de una ley estatutaria. Esto sumado al mensaje de urgencia presidencial, reduce la deliberación amplia y suficiente en un tema crucial para la democracia colombiana.
