Presidente la sociedad civil cumplió! Gracias por su visita
Por: Julio Bahamón
Fueron gigantescas las manifestaciones que vimos en las principales ciudades de Colombia y la movilización de cientos de miles de ciudadanos que salieron a la calle a expresar respaldo a las instituciones democráticas, pero a la vez, señor presidente, angustiados pero valerosos, a exigirle al gobierno adelantar de inmediato las acciones legales y constitucionales necesarias para conjurar la violencia generada por los vándalos aupados por los dirigentes del paro, así como las amenazas de las mingas narcoterroristas de indígenas en el sur occidente del país. Cuando estaba escribiendo esta columna se conoció de la visita presidencial a Neiva, ciudad afectada gravemente por los permanentes cierres en las vías de acceso, en donde, con la aquiescencia del alcalde Gorky Muñoz la capital ha estado bajo asedio permanente en distintos puntos neurálgicos por vándalos e indígenas venidos del Cauca. En el consejo de seguridad que se celebró en las instalaciones de la policía el primer mandatario fue enfático en advertirles a los rebeldes, sin causa, que el ejecutivo no tolerara ningún cierre, en ningún lugar del país. La fuerza pública ha sido instruida para actuar con contundencia en donde se presenten cercos y desordenes que afecten a la ciudadanía. Agradecemos al presidente su visita a la ciudad y la solidaridad de su gobierno con los departamentos vecinos del Caquetá y el Putumayo. Los huilenses veníamos desde hace rato reclamándole al gobierno el ejercicio de la autoridad y el cumplimiento de la constitución y la ley. Siempre dijimos que no había que esperar la degradación absoluta de la protesta, como evidente y lamentablemente ocurrió en nuestra región, para que el gobierno se decidiera a actuar. Pero bueno, ya se hizo presente, tarde, pero mejor tarde que nunca. Lo acompañamos en la tarea de garantizar la libre movilización y queremos que se cumplan los proyectos sociales enunciados por ud en Neiva. Continuando con la visita del presidente, debo decir que el decreto No 575 del 28 de mayo del año en curso, podría convertirse en un saludo a la bandera si la norma adolece de herramientas y medidas sancionatorias eficientes contra los funcionarios delegados, alcaldes y gobernadores en caso de que algunos de ellos se nieguen a cumplirlas y no pase nada. La aplicación de la norma y las sanciones deben ser de cumplimiento inmediato. Los renuentes deben ser destituidos sin tardanza y con esa medida el gobierno sentaría un precedente ejemplar. Imagino que, al primer mandatario, seguramente, le hicieron saber que la mayoría de las regiones en el sur occidente del país estuvieron bloqueadas, hasta la víspera de su visita, por los agitadores de la revuelta. En mi departamento, por si acaso no le informaron, los puntos de cierre o asedio se contaban por decenas, exactamente en 25 lugares. En Pitalito, en Isnos, en Suaza, en Gigante, en Campoalegre en el cruce de la vía hacia Algeciras, en Garzón, en el Hobo, en Tesalia y en Villavieja en el cruce de Cucara hacia Baraya. Nos resistimos a pensar que, cuando ya el gobierno este de regreso a Bogotá, la violencia generalizada se pueda repetir. Por otro lado, agradecemos las buenas noticias sobre la cuantiosa inversión que anuncio para el Huila de más de 7 billones de pesos. Le quedan escasos 9 meses al actual gobierno y deseamos ver todas esas obras terminadas y que no nos vaya a ocurrir lo que en otros tiempos vimos en el Huila. Ya que, según informes de la Contraloría General, en nuestro Departamento se robaron en administraciones anteriores más de $350.000 millones de pesos. Esa noticia la dio el Dr Felipe Córdoba antes del paro en una entrevista que publicó la revista Semana. El alto funcionario aseguro que por obras inconclusas en todo el país se han perdido $6,5 billones de pesos, aseverando que, el Huila es una de las 10 regiones con mayores recursos embolatados, repito, algo más de $350.0000 millones de pesos. La Contraloría, Fiscalía Y Procuraduría, conocidas las denuncias del ente de control fiscal, están obligados a investigar, de oficio, la contratación de los gobiernos anteriores. ¡Ver para creer!
