DIARIO DEL HUILA, MEDIOAMBIENTE
EFE
Los 43.700 troncos hallados en campamentos de madereros ilegales en las riveras de dos ríos en la Amazonía serían suficientes para construir 2.620 viviendas populares, según los cálculos de la Policía Federal, que coordinó las operaciones.
Los troncos fueron decomisados en campamentos a lo largo de los ríos Mamuru y Arapiuns, en una extensa región de unos 20.000 kilómetros cuadrados de densa selva en la frontera entre los estados amazónicos de Pará y Amazonas, según la Policía Federal.
Los responsables por los decomisos admitieron que el total incautado puede ser superior y que su volumen exacto sólo será esclarecido con una medición en la que se espera de la colaboración de las tropas del Ejército que desde hace varios meses participan en operaciones de combate a madereros en la Amazonía.
“Se trata de un área que estaba sufriendo una devastación irracional, que de ninguna forma puede ser llamada de manejo forestal. El comercio ilegal de madera sufrió un golpe muy grande con esta operación”, aseguró el superintendente de la Policía Federal en el estado de Amazonas, Alexandre Saraiva.
Documentación falsa
La operación comenzó el 16 de noviembre cuando agentes de la Policía Federal retuvieron una balsa que transportaba cerca de 3.000 metros cúbicos de madera por el río Mamuru y descubrieron que la documentación presentada por sus responsables era falsa.
Los investigadores sospecharon que los madereros venían utilizando documentos falsos para retirar madera talada ilegalmente en la región y atribuyendo su procedencia a áreas en las que está permitido el llamado “manejo forestal”, es decir la explotación sustentable del bosque y su reforestación.
La Policía Federal decidió usar imágenes de satélite de alta resolución y sobrevuelos de helicóptero para descubrir posibles campamentos de los madereros ilegales en la región y necesitó de varios días para recorrer los ríos del área afectada en sus esfuerzos por retener en el lugar la madera talada.
Carga récord
Hasta ahora la mayor aprehensión de madera extraída ilegalmente de la Amazonía era de 65.000 metros cúbicos de troncos, que fueron decomisados en una operación en 2010 en al reserva Renacer, en el estado de Pará.
El volumen incautado entonces corresponde a la mitad del decomisado en la operación de este mes.
Según datos divulgados en noviembre por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), la Amazonía brasileña perdió entre agosto de 2019 y julio de 2020 cerca de 11.088 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal, un área en un 9,5 % superior a la del año inmediatamente anterior y la mayor desde 2008.
El área desforestada en el último año en la parte brasileña de la mayor selva tropical del mundo corresponde a la de un país como Líbano o Jamaica.
La deforestación corresponde a un período ya en la gestión del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, acusado de incentivar la deforestación por su retórica antiambientalista y que viene siendo presionado por su política ambiental, objeto de críticas por parte de ecologistas, importantes fondos de inversión, grandes empresas y hasta algunos Gobiernos europeos.
El líder ultraderechista, que defiende la explotación de los recursos naturales de la Amazonía, incluso en reservas indígenas, atribuye las denuncias a intereses ajenos a Brasil que codician las riquezas amazónicas.
Pese a tal argumento y ante las presiones, Bolsonaro puso en marcha en mayo pasado la operación “Verde Brasil II”, coordinada por las Fuerzas Armadas y con la participación de unos 3.400 soldados del Ejército, para perseguir los crímenes medioambientales en el mayor bosque tropical del planeta.