La plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de ley con el cual se reglamenta la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. La iniciativa tuvo el apoyo de 67 senadores y la negativa de otros 14. Ahora pasará a sanción presidencial para que pueda ser utilizada en Colombia.
El proyecto de ley, que fue autoría del Ministerio de Justicia, reglamenta tres elementos de la reforma constitucional con la que se creó la prisión perpetua: su condición excepcional, el control automático de la pena ante el superior jerárquico-doble conformidad y la revisión de la pena en un plazo mínimo de 25 años.
El proyecto de la prisión perpetua tuvo en cuenta el espíritu del constituyente que genera una exigencia al Estado y a la sociedad de la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre los derechos de los demás, por lo que el Estado está obligado a brindar una máxima protección al grupo más vulnerable de la sociedad.
Con este proyecto de ley se pretende establecer un estándar en la justicia y se envía una mensaje a los criminales para proteger a los menores, que quienes le quiten la vida a lo más protegido y sagrado de nuestro país, pagarán con el castigo más alto que la nación podrá dar.
La reglamentación de la prisión perpetua no anula las funciones de la pena que establece el Código Penal de prevención general, prevención específica, retribución justa y resocialización, para evitar una revictimización de las víctimas, sus familias y la sociedad misma.
Quienes defiende la ley consideran que garantizará y protegerá definitivamente los derechos de los menores, y así se solucionaría un problema que parece infinito, pero la misma ley ha generado debate, pues para varios expertos se trata de un acto facilista que no le atina al blanco, una ley como esta da una falsa sensación de tranquilidad, porque se hace uso del derecho penal para satisfacer las demandas populares de justicia haciendo creer que ya hubo una intervención del problema, pero detrás de eso están absolutamente descuidadas y no intervenidas las causas del delito.
Todo lo anterior suena muy bien, porque la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes es un monstruo que, sin lugar a dudas, hay que atacar. Sin embargo, los expertos mantienen su opinión en que no vale la pena perder tiempo proponiendo falsas soluciones que al final terminan dándole largas a una problemática que requiere de otras acciones más puntuales.
Para prevenir este delito los investigadores recomiendan el seguimiento a los núcleos familiares vulnerables, mayor inversión social destinada a educación sexual y reconocimiento de comportamientos que puedan ser señal de abuso. Mientras esto no sea el foco de atención, no hay ley que valga.
