Jaime A. Arrubla
El 2020 es el año más atípico que le ha correspondido vivir a las generaciones actuales. La pandemia lo revolcó todo; la forma de vivir, de trabajar, de estudiar, el trato con los demás, los comportamientos sociales y familiares. El año que se va nos dejó retos, incertidumbres y enseñanzas de todo orden; el que viene, nos llena de perplejidades.
La economía se encuentra erosionada por el confinamiento; sectores como el turístico, la industria del entretenimiento, la hotelería, etc., no se han podido recuperar y no lo harán hasta que se supere la pandemia. La pérdida del empleo fue arrolladora, se habla de más cuatro millones de desempleados. El país se debe preocupar en adelante por fomentar el empleo; en abrir puestos de trabajo.
En esta situación, a todas luces irregular, llegó la discusión del aumento del salario mínimo sobre el cual, como era de esperarse, no hubo acuerdo entre trabajadores y empresarios, y le corresponde al Gobierno su fijación por decreto, que no será tan bajo como el 2.7% propuestos por empleadores, ni el millón de pesos que proponen los trabajadores; seguramente se situaría alrededor del 3.5%.
La feria presupuestal y las consiguientes contrataciones “a dedo”, fueron notorias en todas las regiones, así como la escasa eficacia de los organismos de control para controlarlas. Para poder cubrir las necesidades fiscales a nivel nacional se avecina una nueva reforma tributaria ya anunciada por el Gobierno que seguramente se presentará en la primera legislatura del año. Otro factor que incidirá seguramente en la generación de empleo y en la productividad empresarial.
Ojalá se tenga más sensatez en su elaboración, pues no le fue muy bien al Gobierno como legislador de emergencia. La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático, tuvo que echar por la borda muchos de los decretos fiscales. Un fuerte golpe a la política fiscal del Gobierno. Cayeron: la sobretasa a los consumidores de energía de altos ingresos para sufragar gastos de empresas en dificultades como Electricaribe; las contribuciones que se habían fijado con cargo a los contribuyentes y a favor de la comisión de agua potable y la Superintendencia de Servicios Públicos para atender gastos de funcionamiento de estas entidades; y la norma del Plan de Desarrollo que establecía una contribución especial para financiar procesos de consultas previas. Se violaba el principio de legalidad del tributo, consagrado en el artículo 338 de nuestra Constitución.
La reforma a la Justicia se quedó en veremos. Es un asunto importante para el país, pero que queda definitivamente aplazado. El Gobierno ya se refiere en el tema a “cuestiones menores”, que seguramente se requieren, pero que no van a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia. No se verá en la próxima anualidad.
La “lisonja judicial” que vimos en la JEP terminando el año fue una mala nota. No deben los magistrados en ejercicio recibir condecoraciones, ni recompensas por su gestión; no es propio del juez dejarse seducir ni alagar por ningún órgano o persona; desdice de su independencia y deteriora su misión.
Dejemos que llegue el nuevo año con sus sorpresas; ya por lo menos tenemos la vacuna asegurada para 20 millones de colombianos, que es un bien comienzo y un buen augurio de que esta terrible página del 2020 la vamos a superar.
