Medida de aseguramiento fue dictada ayer a tres presuntos responsables de las agresiones a un miembro de la Fuerza Pública en el municipio de Yumbo, Valle. Según la investigación estas personas harían parte de la autodenominada ‘primera línea’ en el punto de concentración del barrio Juan Pablo, lugar en donde habrían participado en bloqueos así como en ataques al comercio local, entre otros.
Este caso hace parte de las investigaciones que adelanta la Fiscalía por los hechos vandálicos que se han presentado en varias regiones del país en las últimas semanas.
Las tres personas a las que un juez les dictó medida de aseguramiento son José Cabezas Quiñónez, alias ‘Negro James’; Diego Tascón González, alias ‘Tata’; y Sebastián Neuta Hernández, alias el ‘Cholo Sebas’. El ente acusador les imputó cargos por su posible coautoría en los delitos de homicidio en grado de tentativa en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado, y daño en bien ajeno.
Según la investigación, «los tres asegurados presuntamente hacían parte de la autodenominada Primera Línea en el punto de concentración del barrio Juan Pablo, lugar en donde habrían participado en bloqueos, ataques al comercio local, restricción a la movilidad de peatones y habitantes, así como en enfrentamientos contra uniformados de la Policía», señaló la Fiscalía.
Videos y fotografías difundidos en redes sociales, testimonios de ciudadanos y declaraciones de testigos permitieron a la policía judicial evidenciar, además, que estos hombres estarían implicados en las agresiones físicas, propinadas mediante linchamiento, al patrullero Ángel Gabriel Padilla durante los hechos registrados en el punto de concentración del barrio La Estancia de Yumbo, el pasado 29 de abril.
La víctima fue atacada a golpes por varias personas y también sufrió múltiples heridas provocadas con armas blancas en la cabeza y diferentes partes del cuerpo, así como disparos con un arma traumática. La investigación indica que los presuntos agresores igualmente le hurtaron el arma de dotación, la motocicleta en la que se movilizaba y otras pertenencias.
Las tres personas aseguradas por estos hechos no aceptaron los cargos que les imputó la Fiscalía.
De otra parte el pasado martes, fue capturado y judicializado Yeison Fabián Muñoz Narváez, quien presuntamente participó en las agresiones que le causaron la muerte a un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en hechos ocurridos el pasado 28 de mayo, en el sector La Luna del barrio Junín de Cali.
La Fiscalía imputó a Muñoz el delito de homicidio agravado y solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario. La petición fue avalada por el juez de control de garantías.
Así mismo el pasado martes la Fiscalía dio cuenta de la captura de cuatro personas que habrían participado tanto en las agresiones, como en el posterior asesinato y desaparición del patrullero Carlos Andrés Rincón, el pasado 3 de junio.
Los procesados fueron identificados como John Cardona Jaramillo, Cristian Cortés Ortiz, Carolina Montaño Cuero y Daniel Aguirre Castillo.
La investigación señala que el patrullero fue interceptado por siete hombres cuando se movilizaba en su moto en Cali. Tras ser sometido y con amenazas fue llevado al sitio conocido como Punto Cero, donde estaba una barricada de bloqueo a la vía Cali – Palmira y se encontraban presuntos integrantes de la denominada primera línea del punto de resistencia 1-73, sector Paso del Comercio. Allí, la víctima fue golpeada y dejada en estado de indefensión, además de lesionada con armas blancas y de fuego. Estas agresiones habrían desencadenado su muerte.
El cuerpo sin vida del patrullero fue arrojado por los supuestos agresores a las aguas del río Cauca.
El pasado martes también fueron judicializadas siete personas, al parecer miembros de la autodenominada primera línea en Armenia, por la posible comisión de acciones ilegales registradas en el marco de las manifestaciones violentas en varios municipios del Quindío.
Inician diálogo en Bogotá
Hoy será instalada la mesa de diálogo y garantías entre la Administración de Bogotá y los grupos de la autodenominada primera línea y asambleas populares juveniles de distintas localidades.
Este espacio se dio a partir de la mediación de Naciones Unidas, la Iglesia y otros facilitadores, frente a los hechos violentos que se han registrado en la ciudad. Ayer estos grupos solicitaron a la Alcaldía la instalación de una mesa de diálogo.
El secretario de Gobierno de la ciudad, Luis Ernesto Gómez, indicó que el propósito es “concertar con la Alcaldía Mayor distintas agendas, garantías, que todas deben conducir a que no haya ninguna acción más de violencia en la ciudad de Bogotá ni vandalismo”.
De igual manera el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, convocó de manera urgente a una mesa de diálogo entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y los afectados por el bloqueo permanente que se reporta en el Portal Américas hace más de dos meses.
