La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia una actividad ilícita que representaba riesgo para la salud y la vida de pacientes con enfermedades de alto costo.
Una red criminal, supuestamente, extraía medicamentos de uso institucional de hogares geriátricos o los obtenía en entidades de salud o de contrabando, en mal estado o vencidos. Al parecer, los alteraban, les borraban los registros de fabricación, las fechas de vencimiento y otros mecanismos de identificación para, posteriormente, ponerlos a la venta.
El material de prueba indica que los productos farmacéuticos adulterados, presuntamente, eran enviados a cualquier ciudad del país en buses intermunicipales o como encomiendas, entre neveras de icopor y sin las medidas de conservación. También los comercializaban a menor precio en droguerías y a través de distribuidores que los reingresaban al sistema de salud.
Las actividades investigativas permitieron conocer que, en los centros de atención para los adultos mayores, cambiaban medicamentos auténticos por productos falsos para enfermedades como cáncer, diabetes, artritis, hipertensión, hemofilia y afectaciones respiratorias, cardiovasculares y psiquiátricas, entre otras.
La caída de la red
Gracias a la labor investigativa realizada y tres denuncias recibidas de personas que recibieron tratamientos para la leucemia alterados y que no generaron efectos adversos, la Fiscalía identificó a los posibles articuladores de la red ilegal.
Funcionarios del CTI de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, con apoyo del Ejército Nacional y peritos de laboratorios farmacéuticos, capturaron a ocho presuntos integrantes de esta estructura, uno de ellos en situación de flagrancia. Las diligencias se cumplieron en Palmira y Buga (Valle del Cauca), Pereira (Risaralda), Medellín (Antioquia) y Bucaramanga (Santander).
En los procedimientos fue incautada más de una tonelada de medicamentos adulterados, cuyo valor podría alcanzar los 25.000 millones de pesos. Adicionalmente, se encontraron $300’000.000, 13.000 dólares, discos de almacenamiento, teléfonos celulares, documentos contables y otros elementos.
Entre los detenidos está una enfermera de un hogar geriátrico en Palmira (Valle del Cauca), además de los encargados de mantener contactos con las entidades de salud, los coordinadores de las actividades de adulteración y los que distribuyen los medicamentos.
Fiscales del Eje Temático de Protección a la Propiedad Intelectual de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputaron a los capturados delitos como: corrupción de alimentos, productos medicamentos o material profiláctico; enajenación ilegal de medicamentos; usurpación de derechos de propiedad industrial; ilícita explotación comercial, y concierto para delinquir.
Los procesados son: Luis Eduardo Aguirre Morantes, Blanca Stella Torres Hurtado, Martha Cecilia Palacios Mena, Melba Galvis López (enfermera), Manuel Pantoja Beltrán, Luis Antulio Maldonado Cáceres, Gabriel de Jesús Granada Taborda y Joselín Ararat Ospina (captura en flagrancia).
La Fiscalía solicitó a los jueces de control de garantías imponer a los procesados medida de aseguramiento privativas de la libertad.
