La solicitud que la semana pasada hizo el presidente Iván Duque al Congreso para que a partir del 20 de julio se empiece a debatir una ley “antivandalismo” y “antidisturbios”, prendió la mecha del que será, sin duda, uno de los principales debates en la última legislatura de este cuatrienio gubernamental.
La primera referencia presidencial al tema fue bastante general, sin especificar si se trataría de una nueva ley o de una reforma a normas ya existentes como el Código Penal o el Código de Policía y Convivencia Ciudadana.
“Tenemos que rechazar con claridad la violencia y el vandalismo, y por eso invito a todos los miembros del Congreso de la República a que trabajemos en la próxima legislatura para que tengamos en Colombia una ley moderna antivandalismo y antidisturbios, para que no pretendan quienes promueven esas prácticas pasar impunemente por soslayar los derechos de los colombianos”, dijo.
Tras indicar que la protesta social es un derecho amparado legal y constitucionalmente, enfatizó que esta debe ser pacífica y estar exenta de violencia, vandalismo, disturbios y bloqueos, al tiempo que no puede afectar derechos colectivos.
“… Es muy importante también diferenciar entre lo que debe ser una expresión pacífica y lo que es vandalismo, terrorismo urbano de baja intensidad, destrucción de la infraestructura o violentar los derechos de la ciudadanía”, señaló.
Ante las primeras polémicas al respecto, en declaraciones posteriores Duque ha tratado de precisar el alcance de la propuesta. En primer lugar dijo que la proyectada norma debe permitir aumentar las penas en contra de quienes protagonizan disturbios, de forma tal que vayan a la cárcel y tengan un castigo ejemplarizante.
Es decir, que lo que propondrá el Gobierno reformará el Código Penal en cuanto a delitos que se cometen en el desborde violento de la protesta social. Por ejemplo, frente a la reciente ola de paros, asonadas y vandalismo la Fiscalía adelanta un sinnúmero de procesos penales en donde está imputando delitos tales como hurto, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno, obstrucción a vía pública que afecta el orden público; fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos; terrorismo, incendio, perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial; receptación, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; amenazas, uso de menores de edad en la comisión de delitos; homicidio y secuestro extorsivo; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; instigación a delinquir; violación de medidas sanitarias, concierto para delinquir y utilización ilegal de uniformes e insignias, entre otros.
También recalcó el Presidente que la futura ley no limitará ni afectará el concepto de la protesta pacífica. “Seamos claros: hemos visto unos actos vandálicos…. Necesitamos endurecer penas y necesitamos también que esos delitos no sean excarcelables”, advirtió.
“Que no pretendan los criminales adornarse con epítetos o con figuras rimbombantes. El que atenta contra la infraestructura, el que atenta contra el patrimonio público, es un vándalo y es un delincuente. Quien le quita la vida a otra persona, en esas estructuras ilegales, es un asesino y un criminal. Quien secuestra, así sea temporalmente, a otro ciudadano, también es un secuestrador”, afirmó el jefe de Estado el sábado pasado.
De hecho, el ministro de Defensa, Diego Molano, indicó que ya existe un primer borrador del proyecto a radicar el próximo 20 de julio, que está siendo preparado por su cartera, la de Justicia y la Consejería Presidencial de Seguridad Nacional. La iniciativa tendrá tres líneas de acción: determinar nuevos tipos penales, penas más severas y diferenciar claramente el vandalismo de la protesta pacífica.
Más proyectos
Sin embargo, el del Gobierno no será el único proyecto que se presentará sobre la regulación de la protesta social. Como lo publicó este Diario el sábado pasado, los conservadores también alistan su propia iniciativa.
El senador Juan Diego Gómez, quien seguramente será el nuevo presidente de la corporación a partir del 20 de julio, sucediendo a Arturo Char (Cambio Radical), ya anunció que volverá a presentar una iniciativa al respecto.
Según explicó “el proyecto de ley estatutaria que buscaba reglamentar el artículo 37 de la Constitución Política, garantizando el derecho a manifestarse pacíficamente, garantizando el derecho también de libre asociación, de reunión y de locomoción por el territorio, buscaba evitar la criminalización y estigmatización de la protesta”.
Recordó que en esta iniciativa “se planteaba también la posibilidad de identificar a los promotores, a los participantes y a los financiadores de estas marchas y de estas manifestaciones, y se planteaba también un sistema de sanciones pedagógicas que evitara la criminalización” de la protesta.
“La decisión es radicar nuevamente el 20 de julio este proyecto de ley estatutaria que nos permita conectar el artículo 37 de la Constitución con el resto del ordenamiento, garantizando el ejercicio de este derecho fundamental, pero también garantizando el ejercicio de los derechos de los demás ciudadanos”, puntualizó.
Desde el Centro Democrático también se anunció ya, por intermedio de varios senadores y representantes a la Cámara, que presentarán sendos proyectos de ley al respecto.
Según trascendió en una alta fuente de esa colectividad, entre las propuestas que se están estudiando existen algunas que serán muy controvertidas, como la obligación de los promotores de las marchas de suscribir pólizas de seguro para cubrir cualquier daño producido en el marco de las mismas. De igual manera, se trataría de prohibir la presencia de encapuchados y la Policía podría requisar a los manifestantes para asegurarse de que no porten armas, artefactos explosivos o materiales para atacar a la ciudadanía y la Fuerza Pública.
“… En el tema de los bloqueos viales que afecten derechos fundamentales la idea es hacer cumplir la norma que ya existe y establece claramente la facultad y obligación de la Fuerza Pública de intervenir de inmediato para despejar la vía… Tendría dos instancias: en una primera se dialoga con los manifestantes y se les notifica que están cometiendo un delito y deben cesar el taponamiento, contando para ello con la garantía y acompañamiento de la Fuerza Pública para remover los obstáculos y garantizar su desplazamiento por una ruta de marcha o concentración autorizada… Luego, si persiste el bloqueo, se procederá al uso legítimo, proporcional y vigilado pero contundente de la Fuerza Pública para recuperar la movilidad vial y garantizar tanto los derechos de quienes protestan como de los que no protestan…”, precisó la fuente consultada.
