La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y toma de posesión de bienes y haberes (extinción de dominio) sobre un establecimiento de comercio dedicado a la venta de víveres, en Acacías (Meta).
César Alonso Ladino Daza, propietario del negocio, es investigado porque, al parecer, obtuvo de manera irregular un contrato con la alcaldía municipal para el suministro de 5.000 mercados para familias afectadas por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID – 19.
En el proceso penal se estableció que el contrato 207 de 2020, cuyo valor ascendió a 1.125 millones de pesos, habría presentado sobrecostos por más de $200’000.000; además de otras inconsistencias detectadas para, supuestamente, beneficiar al contratista.
Por estos hechos, el señor Ladino Daza fue vinculado a una investigación por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Las verificaciones realizadas por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio evidenciaron que el establecimiento de comercio afectado, presuntamente, fue utilizado por su dueño para acceder al contrato cuestionado. En ese sentido, proceden las medidas cautelares. El establecimiento fue entregado a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
