Tras visitar Colombia en junio pasado por varias denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de policiales en el control de las protestas que se registraron en la mayor parte del territorio nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público el respectivo informe con una serie de observaciones y recomendaciones, entre estas que la Policía Nacional deje de estar adscrita al Ministerio de Defensa.
Esta discusión ya se ha dado en el país desde hace varios años. De hecho, se han presentado distintas voces a favor de que la institución pase a ser adscrita al Ministerio del Interior, como sucede en varios países, pues si bien es un cuerpo armado, no está creado para la guerra.
Sin embargo, el principal argumento de quienes defienden que el Ministerio de Defensa siga manteniendo a la Policía en su órbita, es que de esa forma se previene la politización de esta fuerza.
El periódico bogotano Nuevo Siglo consultó a varios conocedores del tema, quienes coincidieron en que es mejor mantener a la Policía adscrita al Ministerio de Defensa pues es un esquema que salvo algunas excepciones ha operado por varias décadas.
La CIDH hizo en su informe 41 recomendaciones a Colombia en aras de proteger los derechos humanos así como garantizar el derecho a la protesta.
Una de estas es «separar a la Policía Nacional y su Esmad del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares”, señala la CIDH, organismo dependiente de la OEA.
El exministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, dijo que «a menos de que se creara una figura de la que se ha hablado también a veces, que es la del ministerio de seguridad, soy totalmente opuesto a esa idea porque entre que esté dependiendo del Ministerio de Defensa o dependa del Ministerio del Interior, y por consiguiente entre que tenga una cierta militarización o cualquier grado de politización, me parece infinitamente preferible lo primero porque la historia del país así lo demuestra con toda claridad».
Esguerra Portocarrero alertó que «nada más peligroso que una policía politizada».
Agregó que el hecho de que la Policía se encuentre adscrita al Ministerio de Defensa no implica que por ello pierde el foco en derechos humanos.
«En el Ministerio de Defensa se enfatiza el tema de los derechos humanos y de su protección. Ha habido por supuesto fallas, ha habido excesos de parte de la Fuerza Pública, de la Policía en particular, sin duda, pero eso creo que puede perfectamente corregirse sin necesidad de quitarle su adscripción al Ministerio de Defensa, que es lo que la mantiene alejada de la política».
En tanto que John Marulanda, presidente de Acore (Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares) opinó sobre esta recomendación de la CIDH a Colombia que «primero esa es una actitud injerencista porque eso se discutió en la Constitución del 91, y quedó claramente establecido que la Policía debía seguir dependiendo del Ministerio de Defensa”.
En segundo lugar, anotó el Presidente de Acore, “veo en eso el riesgo de la politización de la Policía Nacional, algo que es característico de regímenes totalitarios como el de Venezuela, el de Cuba, el de Nicaragua, en donde la Policía más que una organización de seguridad pública, es cuerpo de guardia de la élite que gobierna».
Por su lado el exprocurador general de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, indicó que “primero que todo eso requeriría necesariamente una reforma constitucional porque la organización de la Policía y la diferencia que se hace con el Ejército está dentro del marco constitucional”.
En segundo lugar señaló que “el respeto a los derechos fundamentales no depende de a qué institución está adscrita la Policía, y me parece que es un aspecto puramente formal que carece de contenidos o argumentos para llegar a la conclusión que hace la Comisión. Es la disciplina, la estructura y el manejo que se le dé al interior de las instituciones”.
Agregó Bernal que “aquí se considera que hay que acabar con instituciones para mejorar el comportamiento de una persona. El comportamiento puede ser regular, bueno, malo de protección a los derechos fundamentales cualquiera sea la dependencia a la cual se pertenezca».
Por ello dijo que “no veo en ningún sentido de que porque haya habido un desbordamiento en algunos casos en este problema que se presentó de orden público en Colombia, se empiece a sustituir instituciones que tienen una organización de varios años, que vienen cumpliendo con el deber, y lo observé estrictamente mientras que estuve en la Procuraduría General de la Nación»
El presidente Duque reaccionó al informe de la CIDH señalando que “nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”.
Agregó que “hemos sido un Gobierno que, como se lo expresamos a la CIDH, sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica, pacífica, como una expresión de la ciudadanía”, precisó.
“Pero los actos de vandalismo, los actos de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos que atentan en contra de los derechos de los ciudadanos, están siendo enfrentados con la Constitución y la ley, y merecerán siempre el tratamiento que la Constitución y la ley les otorga” añadió.
Duque defendió que la Policía esté adscrita al Ministerio de Defensa porque “ese no es un tema de capricho en Colombia”, porque “desde prácticamente el segundo gobierno de Alberto Lleras Camargo, Colombia ha mantenido esa estructura de manera estable. Sobre todo, corrigiendo lo que por muchos años fue muy cuestionado, y era que durante los años en que la Policía estuvo en el Ministerio de Gobierno se politizó, y esa politización llevó a grandes brotes de violencia”.
Dijo que la Constitución es clara en definir la Policía en su naturaleza civil. “Y está en el Ministerio de Defensa para tener esa coordinación armónica con todas las fuerzas, pero también para cumplir labores de carácter humanitario y de protección”, explicó.
Finalmente el Presidente de la República sentenció que su gobierno mantiene “una conducta muy clara de cero tolerancia frente a cualquier abuso que pueda cometer un miembro de la Fuerza Pública, que tiene que regirse por el más alto estándar de apego a los derechos humanos”.
