DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA
Por: Rolando Monje Gómez
Estos son los puntos centrales del texto que presentó el Gobierno nacional para conseguir cerca de 15 billones de pesos para financiar los programas sociales.
El Gobierno Nacional presentó los alcances de la reforma tributaria que será presentada el 20 de julio al Congreso de la República, con el compromiso de no tocar a la clase media, ni las tarifas del IVA y no establecer impuestos a las pensiones.
La meta de recaudo será de $ 15.2 billones con una política de austeridad y lucha contra la evasión fiscal con un aporte del orden del 40%, un 60% será aportado por parte de los empresarios que han expresado su interés de aportar más recursos para ayudar a los sectores más afectados por la pandemia del Covid-19.
Según el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, los recursos van a permitir mantener el ingreso solidario, ayudar a las micros y pequeñas empresas, la generación de empleo para los jóvenes con la entrega de ayudas a las empresas que los contraten, impulsar la matrícula cero y ayuda a los sistemas de transporte afectados por los hechos de vandalismo.
El texto de la nueva reforma fue bautizado ‘Proyecto de Inversión Social’, que incluye las medidas para recaudar $15 billones previstos y destinados para solventar los proyectos de subsidios que están a punto de concluir, después de un año caracterizado por la crisis económica derivada de la pandemia del covid-19.
El Gobierno Nacional insistió en que este nuevo proyecto es una iniciativa para los más vulnerables del país, en la que participaron distintas instituciones, actores representativos de las finanzas públicas, exministros de Estado, académicos de las universidades y centros de investigación, pero también los alcaldes y gobernadores quienes pusieron sus inquietudes y preocupaciones sobre un proyecto de inversión social.
¿Qué tiene la reforma?
Se propone extender el programa del Ingreso Solidario hasta 2022, manteniendo los beneficiarios actuales y ampliando su cobertura a 200 mil hogares en condición de pobreza extrema que actualmente no son beneficiarios del Gobierno. Extender este programa tendrá un costo de $2,13 billones para 2021 y $6,59 billones para 2022.
Para el periodo julio-diciembre 2021 se amplía el Subsidio a la nómina (Paef), focalizando el programa en las empresas de menos de 50 trabajadores e incluyendo a empleadores personas naturales generadoras de mínimo dos empleos, por un costo de $1,06 billones en 2021.
Para el pago a la matrícula de estudiantes de instituciones de educación superior pública se destinarán mayores recursos. A las personas que tengan obligaciones financieras con el Icetex se les podrán otorgar estímulos y alivios, con un costo de $700.000 por año.
Para la contratación formal de jóvenes se propone un esquema de incentivos correspondiente al 25% de un salario mínimo, así como para el resto de la población con ingresos de hasta tres salarios mínimos (10% de un salario mínimo). El costo de este esquema de incentivos será de $236.000 en 2021 y $573.000 para 2022.
Plan de austeridad
El ‘Proyecto de Inversión Social’ contiene un ambicioso plan de austeridad, que, en promedio, generaría ahorros recurrentes de $1,9 billones entre 2022 y 2032.
Desde el 2023 se iniciaría una restricción de los gastos de personal, sin afectar el poder adquisitivo de los servidores públicos. Adicionalmente, solo se permitirá la adquisición de bienes y servicios esenciales, recortando gastos de telefonía móvil, viáticos, arrendamientos y vehículos.
Las transferencias a cargo de la Nación se reducirán anualmente, sin afectar las de rango constitucional, como seguridad social, universidades públicas y pago de sentencias, entre otras. Se contempla el control de los contratos de prestación de servicios y nóminas paralelas.
Contra la evasión
La nueva reforma le apuesta a uno de los planes antievasión más ambiciosos que haya tenido el país, con esfuerzos por $2,7 billones, otorgando facultades para que la Dian emita factura compulsiva o sugerida.
También, contempla la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), para identificar a los dueños o beneficiarios de las empresas para que cumplan con sus obligaciones.
Plantea un sistema de información georreferenciada, que detectará el valor real de los inmuebles declarados y de otro lado, permite facturar el impuesto de renta con base en información de la factura electrónica e información reportada por terceros, facilitando así el recaudo.
No se tocará a las personas naturales
El articulado propuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no tocará a la clase media, según manifestó el ministro Restrepo. La iniciativa que se presentará al Congreso incluye un aporte solidario en renta de 30 a 35%, por parte de las grandes empresas del país, a partir del 2022. Con esto no se compromete la competitividad del país, ya que esta tarifa es menor a la de 2018 (37%) y se busca recaudar $6,7 billones.
Además, se contempla un descuento del 50% del ICA en el impuesto de renta, un proceso de normalización tributaria para 2022 y una extensión de la sobretasa de renta al sector financiero hasta 2025. El recaudo previsto será de $3,9 billones.
También se propone la extensión de la sobretasa al sector financiero de tres puntos porcentuales, desde 2022 hasta 2025, para un recaudo: $415.000 (precios de 2023).
A través de la normalización tributaria para el año gravable 2022 se prevé recaudar $300.000 millones en 2021 y $360.000 para 2022.
Todas estas medidas permitirán un recaudo aproximado de $11 billones.
