Se le permitió ingreso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente para revisar lo que estaba pasando con el paro, los bloqueos y las marchas sociales y como era de esperarse, se produjo un informe, con al menos 41 recomendaciones al Gobierno colombiano, para garantizar el desarrollo a la manifestación pacífica y prevenir eventuales afectaciones a los derechos humanos de quienes protestan por la acción de la Policía, hecho que ha ocasionado todo un terremoto en los círculos gubernamentales y políticos. Comentamos algunas de esas recomendaciones.
La de separar a la Policía Nacional de Ministerio de Defensa; ya discutida de tiempo atrás, buscando que sea una fuerza más de contención y no de agresión social; contó con el rechazo inmediato del Gobierno, que estima que sería un retroceso, pues la actual ubicación se produjo para evitar su politización. Las fuerzas que apoyan al Gobierno salieron en su respaldo, mientras la oposición por su parte, adujo su beneplácito con la propuesta y tildó al Gobierno de fascista.
Otro punto altamente critico se presenta por la recomendación para que se instale el mecanismo de seguimiento a derechos humanos; el mismo que la Alcaldesa de Bogotá, se mostró dispuesta a implementarlo; en tanto que el Gobierno reclamo que solo él, y nadie más que él, maneja las relaciones internacionales y que no se pueden crear, de la noche a la mañana, instituciones nuevas; disparidad que aumenta la polarización entre el Gobierno Nacional y el Distrital.
Un aspecto inquietante tiene que ver con la semántica, pues en el informe no se habla de bloqueos sino de “cortes de ruta”, tratando de legitimar las graves perturbaciones a la locomoción de personas y bienes, que ocasionaron graves problemas de abastecimiento y pusieron en vilo la salud de muchos.
Para algunos políticos del partido de Gobierno, se observa claramente un sesgo ideológico de la Comisión, y sus observaciones no son obligatorias sino meras recomendaciones; en cambio, para los opositores, hay que atenderlas, sino es desconocer el sistema del cual hacemos parte y dar pie para que la Comisión demande al Estado ante la Corte Interamericana, por violar los derechos humanos. Agregan que se presenta una contumacia del Gobierno en los equivocados manejos que se le ha dado a la protesta.
Importantes políticos han descalificado el informe, tildando de activistas de izquierda a los comisionados, solicitando su desatención y hasta incluso proponen retirarnos de la jurisdicción de la Corte Interamericana, es decir, salirnos del sistema, del que siempre nos hemos ufanado de haber sido los promotores en su época.
En suma, toda esta polarización era de esperarse y estaba anunciada desde el mismo momento que el Gobierno cambió su negativa inicial y dejo entrar a transmitir in situ a la Comisión Interamericana los sucesos de la protesta social.
La gran contradicción del momento, supera la advertida polarización entre partidarios del Gobierno y opositores; ¿para qué hacemos parte de un sistema interamericano de protección de los derechos humanos; si no acatamos sus recomendaciones? Mejor nos ahorramos esa plática, recogemos al Embajador y lo ponemos a hacer política para la contienda presidencial que se avecina.
