La Corporación Personas con Capacidades Diversas (Percadi), la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida) y la Red Colombiana de Lugares de Memoria, con el apoyo del Programa Paiis de la Universidad de los Andes y Dejusticia, presentaron ante la Corte Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 24 del Decreto 588 de 2017, que establecen un periodo de tres años de funcionamiento para la Comisión de la Verdad.
Las organizaciones aseguran que es necesario compensar los retrasos causados por la pandemia y que, desde que Colombia entró en emergencia sanitaria, el trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad se ha visto profundamente afectado.
«La imposibilidad de viajar a los territorios donde se vivió el conflicto armado ha perjudicado el cumplimiento de los cuatro objetivos de esta institución creada por el Acuerdo Final de Paz: el esclarecimiento, el reconocimiento, la convivencia y la no repetición. De no resarcirlos, se estaría incumpliendo con el acuerdo de Paz”, indicaron las organizaciones.
La demanda fue admitida por la Corte, corporación que tendrá que analizar los argumentos de las entidades, quienes aseguran que estos tres años de trabajo de la Comisión, deben ser efectivos para cumplir con lo dispuesto en el acuerdo, lo cual “la pandemia ha impedido”.
Las Corporaciones argumentan que la Comisión de la Verdad, solo ha funcionado un año, tres meses y 14 días en condiciones de normalidad, lo que corresponde solo a un 40% de su periodo, «el resto del tiempo, si bien no han suspendido las actividades, sí han tenido que trasladarse a la virtualidad y reducir el contacto directo con las comunidades».
Los demandantes aseguran que si el periodo de tres años se mantiene como establece el Decreto y termina en noviembre de 2021, se estaría incumpliendo el derecho de las víctimas a la verdad y la no repetición.
Agregan que la pandemia ha dificultado la recolección de información, por cuanto hay zonas rurales en donde ocurrieron hechos graves de conflicto, que no tienen acceso a internet y hay zonas como las cárceles donde ha sido imposible recoger los testimonios.
