Ante tanta aberración judicial, partiendo del Cartel de la Toga, que masacró la confianza legítima de la sociedad hacia la justicia colombiana, que fue el narcótico que envileció la inteligencia de quienes administran justicia, por fortuna pocos, estoy convencido, existe a hoy, un 81% de desaprobación de los ciudadanos, confirma el estado de postración que hace inviable nuestro estado de derecho.
Ni el gobierno, menos la rama judicial, menos aún el legislativo, por supuesto menos aun los organismos de control han querido en un as de voluntades, que le llaman políticas, optar por la reforma, la más urgente de todas, porque la justicia es el soporte de la institucionalidad; hoy el estado de derecho esta entubado como los pacientes terminales del Covid 19.
Por las decisiones aberrantes, peor aún, de los altos tribunales de la justicia, absolutamente evidentes en la protección del delito y los delincuentes, empezando por los de cuello blanco, y en aras de evitar la exclamación “el derecho ha dejado de existir”, es urgente, creo yo, crear por los mecanismos extraordinarios constitucionales, la contrainteligencia jurídica judicial, para salvar el derecho y al estado de derecho.
Toda decisión judicial, básicamente la relacionada con la utilización de mecanismos como la tutela, llevada hoy a estados de prostitución jurídica, y todas aquellas decisiones que causen conmoción social, que ultraje la lógica jurídica, a cambio de amparar el delito, que lesione los órganos de los sentidos de los ciudadanos e invierta los términos de referencia de la evidencia como valor cercano a la verdad, debe ser objeto de revisión, y muchas acciones más.
Esa contrainteligencia debe ser organizada por y con verdaderos juristas, que amen el derecho, verdaderos juristas, crisoles morales que los hay, pese a tanta podredumbre, para esa revisión que incluye esa tal JEP, que solo ha servido para acrecentar el delito basado en la impunidad.
Por organizaciones respetables de juristas, verdaderos asesores de los diferentes gobiernos, sin interferencia de políticos, narcotraficantes, y agentes externos que perturben la legitimidad que ofrece el derecho.
El no sometimiento de los jueces al derecho deberá tener consecuencias tan graves, que debe ser inmediatamente separado de sus funciones para ser destituido, teniendo como única prueba la evidencia, cancelarle su tarjeta profesional, excluirlo de cualquier posibilidad de ingresar al servicio público en todas sus formas, menos aún en la rama judicial, es decir, volver por los fueros de la sacrosanta función de ser juez.
Bonita ilusión, poco agradable para quienes están apoltronados en los billetes de la corrupción acabando con la institucionalidad.
La autonomía de la rama se mantiene con sentencias verdaderamente jurídicas.
