Aún recuerdo el día en que el ex gobernador del Huila Jaime Salazar Díaz, me tildó de “periodista despistado”, además de utilizar otros términos ofensivos contra este servidor, por publicar la columna «que pasa en Corhuila» en la que le pido explicación oficial a la Corhuila, por la pérdida de unos 7 mil millones de pesos, en donde Salazar se desempeñaba como presidente del Consejo Superior.
Corhuila, es la Corporación Universitaria del Huila, fundada hace más de 30 años por un grupo de visionarios, que al decir del actual rector Oscar Eduardo Chávarro Arias, “comprendieron la educación como una herramienta para crecer y superar las adversidades “y, de paso ayudar a sacar al Huila de su economía pastoril.
Valor que no comprendieron algunas personas que se dedicaron a montar con sus linajes y egos su posición dominante en la política y a explotar los recursos de la universidad, inclusive como los mayores contratistas, siendo al tiempo directivos de la entidad a quienes nadie podía reclamarles nada, porque se ponían bravos.
La Corhuila, ahora trata de salir adelante, pese a los embates de esas desafortunadas decisiones, empeoradas en el presente por las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia.
Corría el año 2013, y ocho años después, la justicia logró establecer que una de las defraudaciones asciende a 2.800 millones de pesos que fueron robados a través de trámites ilícitos ante las entidades crediticias, en las cuales la Corhuila poseía más de 20 mil millones en depósitos en sus cuentas bancarias.
Y lo peor, hay funcionarios complicados en este asunto e inexplicablemente, siguen vinculados laboralmente a la universidad, pese a que los directivos de la época reaccionaron de manera grosera por mis denuncias, hicieron cambios y no identificaron ni sacaron a quienes verdaderamente estaban robándose la plata.
De acuerdo con una fuente que pidió anonimato por razones lógicas, están involucrados Carol Johanny Ramírez, un auxiliar contable, quien ya se acogió a la justicia y devolvió 120 millones de pesos, además de colaborar con información para que la justicia pueda esclarecer por fin estos hechos, y Claudia Liliana Espitia Garrido, otra auxiliar contable.
Lo inexplicable que es que la tesorera Sandra Liliana Flores, ni la revisoría fiscal se dieron cuenta, ni se percataron, ni se pronunciaron oportunamente de estos hechos, solo lo hicieron cuando la justicia intervino.
La instrucción fue adelantada por la fiscalía octava seccional a cargo de Leonel Cordero Cordero y las investigaciones están a cargo del juzgado 4 Penal del Circuito, en donde se conocerán en los próximos días las primeras decisiones de fondo.
Según la fuente, durante las vigencias 2011, 2012 y 2013 los funcionarios giraban cheques a otras personas, con denominación menor a 5 millones de pesos, los cuales no eran confirmados por el banco, pero si eran cobrados luego de ser endosados de manera ilegal.
Bajo este modus operandi se robaron 2.800 millones de pesos, una cifra superior al presupuesto de operación de la Corhuila para una vigencia fiscal de un año, que en el 2020 tuvo apenas una inversión de 2083 millones de pesos.
Sandra Liliana Flores Tique, la tesorera de la época sigue trabajando y otra de las implicadas disfruta viviendo en el exterior y se desconoce si ya fue ubicada para que responda por las acusaciones penales.
Fue una época turbulenta en la Universidad Corhuila, la única perjudicada en su imagen, porque inclusive el ex rector Virgilio Barrera, fue inicialmente acusado y tratado de delincuente por el propio Salazar y otros consejeros, y despedido de la universidad que duplicó los salarios al nuevo rector. Virgilio ganaba 8 millones y el siguiente paso a devengar 23 millones, incluyendo gastos de vivienda y transporte.
Barrera, ahora tiene en aprietos al centro de educación, según él, luego de demostrar su inocencia y superar un pleito penal defendido por el abogado Orlando Trujillo, y otro laboral superior a los 400 millones de pesos, que se espera la decisión de una instancia superior
Se espera que la universidad se pronuncie y haga claridad oficial sobre estos hechos, por el bien de la institucionalidad su imagen, su comunidad universitaria y por el Huila.
