Teniendo en cuenta estos datos, la Defensoría del Pueblo hizo una solicitud de protección especial para que el ICBF ayude a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La crisis humanitaria que atraviesa Ituango, Antioquia, no termina y por el contrario, sigue afectando a más personas. En la noche de este miércoles 28 de julio, la Defensoría del Pueblo reveló que la cifra de víctimas ya llegó a 4.200 y de ellos, 1.300 son niños, niñas y adolescentes.
Teniendo en cuenta estos datos, la Defensoría hizo una solicitud de protección especial para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ayude a garantizar los derechos de los menores. Además, que brinde asesoría a la administración y organismos locales.
“Ante las amenazas de los grupos armados ilegales se sabe que de las 4.200 personas que llegaron a Ituango como desplazadas, unos 1.300 son niños, niñas y adolescentes. Debido a esta situación, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo una solicitud de protección especial para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), brinde su atención en la zona y apoye las labores de la administración municipal y de la Personería”, informó la Defensoría en un comunicado de prensa.
Las personas afectadas vivían en 31 veredas adscritas a Ituango como Santa Lucía, Quebrada del medio, El Quindío, Santa Bárbara, El Limón, Las Brisas, El Chuscal, Los Sauces, Las Arañas, La Miranda, San Isidro, Alto de San Agustín, El Mandarino, Cenizas, El Herrero, El Cedral. Además, está el corregimiento de La Granja, Chontaduro, Murrapal, Palmitas, Montealto, Quebradoncita, El Amparo, El Inglés, La Georgia, El Río, Chispas, El Yolombo.
En cuanto a los responsables, las autoridades han señalado al Frente 18 las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y miembros del ‘Clan del Golfo’, quienes buscan el control territorial de Ituango y las zonas rurales, a través de la generación de terror en la población por medio de amenazas.
La mayoría de víctimas están en albergues dispuestos en el casco urbano de Ituango, sin embargo, todavía hay quienes siguen en el área rural para cuidar los bienes y cultivos propios y de sus vecinos, pues ese es su único medio de sustento. Además, otras personas tampoco pueden irse porque están físicamente impedidos a causa de enfermedades o de su avanzada edad.
La Defensoría aseguró que miembros de la entidad hablaron con los afectados para brindar el acompañamiento necesario con el fin de lograr que, en el menor tiempo posible, puedan retornar a sus comunidades de manera segura, voluntaria y con garantías.
“Al dialogar directamente con los desplazados, pude evidenciar las distintas dificultades y sus preocupaciones. Con nuestros funcionarios tendremos presencia permanente para escucharlos y atender sus peticiones, junto a otras entidades, y así encontrar soluciones a esta emergencia. He dado instrucciones para que tres defensores comunitarios y étnicos permanezcan en la zona, para que apoyen y asistan a estas comunidades. Como entidad garante de los derechos humanos los seguiremos acompañando hasta que se garantice el retorno seguro a sus territorios”, dijo Camargo.
Así mismo, solicitó a las Secretarías de Salud municipal y departamental, y al Ministerio de Salud que aceleren el proceso y el programa de inmunización contra el covid-19. Esto, teniendo en cuenta que las familias están aglomeradas en los albergues y se quiere evitar una proliferación del virus.
Con el mismo fin de ayudar a los afectados en Ituango, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas también anunció este miércoles la entrega de ayudas. Se detalló que entregarán 40 toneladas de alimentos y elementos de aseo.
“Con el apoyo del Ejército Nacional y de la Fuerza Área serán entregadas las 40 toneladas de ayuda humanitaria que dispuso la Unidad para las Víctimas en respuesta a la emergencia por los más de 4.000 desplazados de las 28 veredas del municipio de Ituango”, informó la Unidad de Víctimas.
Mientras se atienden las necesidades de las víctimas, el Gobierno nacional ordenó que 250 miembros de la fuerza pública se trasladen a las zonas rurales de Ituango para controlar la situación de seguridad. Según el ministro de Defensa, Diego Molano, la instrucción la dio el mismo presidente Iván Duque, y luego se definió que los uniformados estarán bajo la coordinación del general Juvenal Díaz Mateus, comandante de la Séptima División del Ejército Nacional.
