Todos quisiéramos vivir en una patria donde las garantías mínimas de seguridad se nos ofrecieran por igual para todos los ciudadanos, donde la solidaridad y los fines del Estado en garantizar el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y especialmente a la Justicia, fueran un acierto que nos llevara de la mano a vivir en paz y armonía, en una sana convivencia entre unos y otros, donde el diálogo y la participación de las ideas en la búsqueda de la plenitud, fueran una constante a toda hora y momento.
Pero todo esto, no es hoy en día, ni siquiera un sueño y no tenemos la más mínima esperanza de que pueda suceder, todo como consecuencia de una polarización total entre los sectores políticos que nos han gobernado hace más de doscientos años, donde las rivalidades y la sangre plebeya que nos legaron los españoles, como conquistadores de estas tierras, parece que echara frutos más y más, a cada instante, en cada momento, hasta hacernos sobrevivientes por acaso o por una extraña circunstancia de la vida, en el que la violencia y la persecución, como constantes de la gobernabilidad, nos han dado un chance, una opción y una oportunidad de pasar de una noche a la otra, hasta que “vengan por nosotros”, y quizá cuando nos demos cuenta “no sea demasiado tarde”.
Colombia es una patria que no nos ofrece seguridad. Las instituciones se han encargado de direccionar la protección y la vigencia de la violencia, como forma de vida, como elemento fundamental de su estabilidad y de su racionalidad política.
Cuando los ciudadanos protestan, cuando los ciudadanos levantan su voz por reclamar un trato digno, un reconocimiento a los derechos que están allí en esa infinidad de normas ya establecidas, pero que no dejan de ser más que normas sobre papel, que normas que no tienen validez y eficacia, es cuando la fuerza pública está presente con escuadrones que llevan toda clase de nombres, con infiltrados y con la sevicia propia de los violentos, buscan silenciar a diestra y siniestra lo que los dignatarios terminan calificando como actos de vandalismo, de terrorismo y de violencia ciudadana.
En tanto, en los campos, en muchas barriadas e incluso ante los ojos de las autoridades y muchas veces, con su apoyo, se están presentando toda clase de delitos contra la vida, contra la integridad ciudadana calificadas de masacres o como diría un presunto estadista, “muertes selectivas” o “ajustes de cuentas”, como si en Colombia, todo esto fuera un hazmerreir o peor, un hecho sin trascendencia que se suma al ajusticiamiento de líderes sociales, de reinsertados, y de aquellos defensores de la vida y de la honra de los ciudadanos.
Y la solidaridad de los ciudadanos es nula. Y la acción del Gobierno, es idéntica. Todo en un andamiaje que da tristeza y que nos desilusiona de unos y de otros. No hay esperanzas de una vida digna en Colombia. No hay posibilidades de que nuestro Gobierno y las fuerzas del orden, estén al servicio de la paz o luchen por la convivencia, todo es un negocio, todo es un esperpento de lo peor, que solo busca ampararse en la corrupción, en la impunidad, en el delito de cuello blanco y en todo lo que sea el abuso del poder, para que mediante acciones mediocres y burdas, el gobierno se lave las manos y los ciudadanos sigan indiferentes buscando no ser involucrados en los actos de violencia o de dolor, que se está causando a los otros, a los que luchan por los derechos de todos, a los que luchan por las normas mínimas de convivencia, de respeto y de paz que no tenemos.
