Los desplazamientos forzados en Colombia no son una situación del pasado. Este 30 de diciembre las autoridades de Norte de Santander reportaron que 300 habitantes, miembros de al menos 80 familias, tuvieron que salir de sus casas y confinarse en una iglesia del municipio de Tibú para huir de enfrentamientos y no quedar en medio del combate entre grupos al margen de la ley y el Ejército Nacional.
“En las últimas horas, en el sector de La Silla, tropas del Ejército sostuvieron combates con un grupo armado organizado, al parecer de ‘Los Rastrojos’, que venía amedrentando a la población civil; vamos a continuar garantizado la seguridad de la población”, informó el general Fabio Leonardo Caro, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano
Los afectados tuvieron que salir de sus casas ubicadas en el sector de La Silla y Cerro Mono, zona rural de Tibú, no solo por la supuesta incursión de ‘Los Rastrojos’, sino porque, según organizaciones de derechos humanos, en la misma zona están presentes miembros de las Autodefensas Gaitanistas (AGC) y el ELN que se disputan el territorio.
Hasta el momento las autoridades no han podido ingresar a la zona para conocer en qué estado se encuentran las víctimas. Jhon Ascanio, personero del municipio de Tibú, alertó de que este confinamiento en la iglesia sea solo el inicio y de pie a que la población deba abandonar sus casas definitivamente y desplazarse hacia cascos urbanos cercanos como el municipio de Puerto Santander, El Zulia, Cúcuta y el mismo Tibú. “Hay un riesgo de desplazamiento masivo, pero aún no se ha confirmado, pues no hemos podido ingresar a la región”, aseguró Ascanio.
La Personería de Tibú aseguró que está coordinando acciones para poder verificar cómo se encuentran los individuos confinados y suplir las necesidades que deben tener relacionadas a higiene y alimentación. La situación es compleja ya que el Ejército informó que si alguna institución oficial se acerca a la zona se puede agravar el enfrentamiento y desencadenar una tragedia.
“Me he comunicado con el Ejército Nacional que está tratando de ingresar a la zona, pero hay al parecer hay temor de la comunidad, pues les han advertido que al avanzar la fuerza pública se generaría un enfrentamiento que los podría afectar”, dijo el personero de Tibú.
Esta situación no empezó repentinamente, pues desde hace varias semanas los habitantes de estas comunidades del sector de La Silla y Cerro Mono alertaron acerca de la presencia de los subversivos en la zona. Justo hace dos días, el 28 de diciembre, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) publicó un comunicado en el que informó una presunta incursión paramilitar en la zona y aseguraron que estaban ocurriendo fuertes enfrentamientos entre las AGC y el ELN.
La Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana, el pasado 26 de noviembre, para advertir sobre las diferentes acciones que atentan contra los derechos humanos cometidas por actores armados. Uno de los hechos mencionados en la alerta fue una denuncia de la Ascamcat por el asesinato de cuatro habitantes en la vereda La Silla el 10 de enero, incluido el líder campesino Tulio César Sandoval Chía.
En otras alertas de la Defensoría (las número 037, 011 y 035) también se han relacionado hechos ocurridos en Tibú y se le ha exigido al Estado colombiano y a las diferentes instituciones que se proteja a las víctimas. Además, se ha exaltado la necesidad de implementar el Acuerdo de Paz para garantizar el desmonte del paramilitarismo.
Frente a lo que consideran una crítica situación de violación de los derechos humanos, los miembros de la asociación hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes, entre ellas la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación de Norte de Santander, las Alcaldías Municipales de Zulia y Cúcuta y demás organismos de control para que garanticen la vida, libertad e integridad de las comunidades campesinas.
