La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) celebraron la reciente decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de «estudiar el caso» de los periodistas de El Espectador Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, asesinados en 1991 mientras realizaban su trabajo.
«Esta decisión es un avance significativo en la lucha que por 30 años han tenido que librar los familiares de los periodistas (…) para acceder a la justicia y la verdad, y enaltecer la memoria de los periodistas», destacaron ambas instituciones en un comunicado conjunto.
El pasado 28 de julio, la CIDH decidió declarar la admisibilidad del caso de Chaparro y Torres contra el Estado colombiano.
«Esto quiere decir que la Comisión estudiará el fondo del caso y determinará si existió o no responsabilidad del Estado por la ausencia de una debida investigación y sanción de los responsables del homicidio de los periodistas, hechos que se mantienen en la impunidad», apunta el comunicado.
En abril de 1991, ambos comunicadores, quienes trabajaban para el medio El Espectador, se habían desplazado al municipio de Segovia, en Antioquia, para investigar la masacre paramilitar que había ocurrido tres años atrás y en la que más de cuarenta personas fueron asesinadas, recuerda el comunicado.
Mientras se encontraban en Segovia, los periodistas fueron asesinados. Según la investigación que adelanta la Fiscalía los hechos fueron ejecutados por guerrilleros del Ejército Nacional de Liberación (ELN), recapitula la SIP, una organización regional con sede en Miami.
En diciembre de 2011, la SIP presentó el caso a la CIDH basándose en que «la investigación no ha avanzado y se ha caracterizado por largos periodos de inactividad, errores durante el trámite de indagación y la falta de aplicación de los estándares internacionales para la investigación de los crímenes contra la prensa».
«Ante esta situación, el Estado colombiano desconoció su responsabilidad en el caso y valiéndose de argumentos procesales sostuvo que la petición era infundada», señala el comunicado.
«Para Daniel Chaparro, hijo de Julio Daniel, esta decisión representa un paso significativo en la búsqueda de justicia y verdad en el doble homicidio de los periodistas, que hasta el momento, después de 30 años, no ha encontrado una debida investigación por parte de la justicia colombiana», remarcan ambas organizaciones encargadas de dar protección de los periodistas.
«Las organizaciones continuaremos acompañando a las familias en la lucha contra la impunidad y en los próximos meses remitiremos observaciones de fondo sobre el caso, con el ánimo de que el trámite se surta de manera diligente y dentro de un plazo razonable por parte de la Comisión», publicó en su web la FLIP, representante de las familias Chaparro y Torres.
