El acuerdo que firmaron el Gobierno nacional y los docentes al servicio del Estado en materia de remuneración, prestaciones sociales y medidas para que las clases presenciales en todos los colegios oficiales del país se lleven a cabo bajo las condiciones de bioseguridad por el virus, si bien deja resuelto este tema de un pliego de peticiones que se analizaba desde febrero pasado, por otro lado abre la discusión sobre la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), una vieja petición de los docentes.
De igual forma los gobiernos territoriales (gobernadores y alcaldes) desde hace años han solicitado hacer una reforma al SGP, pues consideran que los recursos que les traslada la Nación a las entidades territoriales para poder cumplir con sus responsabilidades en materia de salud, educación, entre otros, no son suficientes y los impuestos propios no dan para satisfacer tantas necesidades.
El segundo de los 8 puntos que firmaron el Gobierno nacional y Fecode, en representación de los docentes al servicio del Estado, hace referencia a la reforma al SGP, para lo cual se determinó reactivar la Comisión de Alto Nivel para la revisión del Sistema General de Participaciones de que trata el artículo 188 del Plan Nacional de Desarrollo, para que en un plazo máximo de seis meses después de su reactivación, elaboren un proyecto de acto legislativo que incremente de manera progresiva los recursos del sistema, lo cual permitirá mayores inversiones que contribuyan con la calidad de la educación y la formación de los niños, adolescentes y jóvenes.
Fecode al referir la firma de este acuerdo con el Gobierno nacional, dijo que “cabe destacar entre los logros la reactivación de la Comisión de Alto Nivel para consensuar la reforma al Sistema General de Participaciones en el propósito de incrementar los recursos de manera real y progresiva”.
La reforma al SGP ha sido parte permanente en los reclamos de los maestros en todos los paros parciales recurrentes que han realizado en los últimos años.
Durante el gobierno de Juan Manuel Santos el entonces director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria Muñoz, planteó la simplificación de los criterios en la distribución y una mayor eficiencia en el uso de los recursos como elementos para una eventual reforma al sistema.
El ajuste, se dijo en ese momento, debería estar centrado en la orientación a resultados, autonomía territorial y generación de eficiencias. Además que tuviera como principios la progresividad en la asignación presupuestal, equidad horizontal y transparencia y participación.
De igual forma se dijo que la posible reforma al SGP debería centrarse en la revisión de criterios de distribución, competencias, usos de recursos y técnica administrativa y financiera.
El Sistema General de Participaciones es la principal fuente de financiación en los sectores de educación, agua potable y agropecuario.
Actualmente se utilizan 42 criterios para distribuir los recursos del SGP clasificados en población, coberturas, eficiencias, pobreza y otros.
En ese entonces Gaviria dijo que «ajustando las asignaciones del SGP se podrían eliminar 17 criterios, que representan una disminución del 40%», y con nuevos criterios podrían distribuirse $1,2 billones para ruralidad y cierre de brechas.
También se planteó en esa oportunidad ajustar las competencias de los departamentos con el fin de eliminar duplicidades y ganar eficiencias según su capacidad.
Para ello se propuso la revisión de los mecanismos de certificaciones sectoriales y articularlos con las estrategias de seguimiento, fortalecer el rol del departamento como coordinador y prestador de servicios de educación y salud, mayor autonomía de las entidades en gastos de inversión y la revisión del papel de los entes territoriales como aseguradores.
Sin embargo el proyecto de reforma al SGP fue radicado apenas al final de la administración Santos, y ante el cambio de gobierno se quedó sin oxígeno para salir adelante en el Congreso.
Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno contempla la creación de una Comisión de alto nivel, para ser instalada dentro de los dos meses siguientes contados a partir de la expedición y entrada en vigencia del Plan, la cual debería sesionar durante los seis meses siguientes para elaborar una propuesta de acto legislativo que incremente real y progresivamente los recursos del Sistema General de Participaciones. Sin, embargo ello no ha ocurrido.
La Comisión estará bajo el liderazgo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, y harán parte de ella: el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio del Interior, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, la Federación Colombiana de Municipios, Asocapitales y la Federación Nacional de Departamentos, agremiaciones, organizaciones y sectores sociales involucrados en las transferencias del Sistema General de Participaciones.
