Se espera que esta semana las comisiones económicas del Congreso de la República empiecen a discutir el proyecto de inversión social o reforma tributaria.
Catalina Ortiz, representante a la Cámara por la Alianza Verde y ponente del proyecto de reforma tributaria, aseguró que la subcomisión conformada para discutir las más de 350 proposiciones “ha estado ausente”.
De acuerdo con la congresista, a este momento no hay una ponencia definitiva y la urgencia es que se supone que las comisiones económicas conjuntas serían citadas para discutir y votar la reforma tributaria mañana o el jueves 26 de agosto.
Por lo anterior, según Ortiz, no habría el tiempo suficiente para entender el alcance del nuevo articulado y comprender a profundidad los cambios propuestos y aceptados por el Gobierno.
Sin embargo, el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo confirmó a este Medio que la subcomisión sí ha estado trabajando y de hecho se ha reunido dos veces.
La meta del Gobierno sigue siendo empezar con la aprobación del articulado “cuanto antes”, según ha manifestado el ministro, para que esté listo antes de que termine este trimestre.
El plan de reforma tributaria es urgente toda vez que garantiza, de un lado, un recaudo cercano a los $15,2 billones y la transferencia a programas sociales y de generación de empleo.
Sin embargo, es tal la avalancha de proposiciones al proyecto, que se calcula que, si se introducen cambios pedidos por los congresistas, el recaudo va a estar cercano a los $19 billones.
Asimismo, con el proyecto se pretenden cambios a la regla fiscal, un mensaje contundente sobre el manejo de la deuda del Gobierno y el eventual visto bueno de los analistas, incluidas las calificadoras de riesgo.
Discusión
El congresista del Centro Democrático, Christian Garcés, confirmó que se han hecho cerca de 400 propuestas, lo que ha demorado la discusión de la reforma tributaria. Al respecto, dijo que, aunque había un acuerdo político para sacar adelante un proyecto de 35 artículos, los congresistas son autónomos y pueden presentar las modificaciones que crean pertinentes.
“Hay unos temas muy polémicos, incluso hay propuestas que aumentan impuestos, el IVA, a la clase media que era lo que no queríamos, pero algunas se han presentado en ese sentido y esperamos que no sean aprobadas obviamente”, señaló.
Más recursos
De otra parte, el presidente de Anif, Mauricio Santa María, dijo que si bien el proyecto de reforma, busca aumentar los ingresos, esta propuesta sería insuficiente y se necesitarían recursos adicionales.
“No recauda lo suficiente que necesitamos a futuro para nuestras necesidades. Tendremos que llegar en los próximos 10 años a un recaudo mínimo de 17 o 18 puntos del PIB para poder atender bien las necesidades sociales, eso significa cinco puntos más que hoy”, anotó Santa María.
El ejecutivo también señaló que esta reforma no toca los problemas estructurales que hay en el esquema tributario colombiano y que, además, el próximo Gobierno necesitará de recursos adicionales para su periodo presidencial.
“Con seguridad, y esto lo digo con una probabilidad de 100%, en agosto del año entrante el nuevo Gobierno, sea el que sea, va a tener que presentar una nueva reforma tributaria para continuar con el proceso de ajuste y poder ejecutar su propio programa de gobierno”, explicó Santa María.
En esa misma línea, el vicepresidente y senior analyst de Moody’s, Renzo Merino, aseguró que, si la próxima administración busca dar continuidad a los programas sociales, deberá hacer un ajuste fiscal adicional.
De hecho, la Cartera de Hacienda ya había mencionado, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que el próximo Gobierno deberá hacer un esfuerzo fiscal adicional de 0,6% del PIB, pues con la propuesta actual solo se recaudarán dos tercios de los recursos que necesita el país.
De esta manera, los analistas también han señalado que, para cumplir con las metas propuestas en el MFMP, la próxima administración deberá hacer una nueva reforma.
“Para que un próximo gobierno pueda cumplir con las metas que se establecieron, si es que se aprueban los cambios en la regla fiscal, lo más probable es que tenga que afrontar una nueva reforma fiscal”, concluyó Merino.
Para Santa María, el articulado llega al Congreso bajo el amparo del consenso y esto puede ser una oportunidad para la pronta aprobación del proyecto, toda vez que se necesitan los recursos para atender la deuda del país y seguir soportando la crisis social y económica generada por la pandemia.
Las empresas
De otra parte, y de acuerdo con el experto tributarista, economista y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de la Salle, Camilo Andrés Guevara, “en esta nueva iniciativa las empresas serán las protagonistas teniendo en cuenta que, si se sanciona la reforma, deberán comenzar a pagar un porcentaje mayor de impuestos y, además, se les reducirá la posibilidad de descontar de la renta el Impuesto de Industria y Comercio (ICA)”.
Sobre lo que pasará con las empresas ahora que suben los impuestos, sostiene que “si bien los impuestos buscan reducir brechas económicas al gravar y desincentivar actividades como el consumo de bebidas azucaradas y la utilización de plásticos de un solo uso, hay quienes opinan que se debió repartir mejor la carga de impuestos”.
Indica sobre el impuesto sobre la renta que pasa del 33% al 35%, sostiene que “este impuesto se cobra dependiendo de la actividad económica que tenga una organización. Existe una diferencia entre la tarifa nominal, en donde encontramos el porcentaje que se establece en la ley y, por otra parte, existe la tarifa efectiva, que es la que después de las deducciones puede funcionar. No es preciso señalar que una empresa cuyos ingresos son inferiores tenga que tributar lo mismo que otra organización que factura millones cada año”.
Propuestas de todo tipo
Hasta el momento, hay propuestas de todo tipo. Desde los que piden mayor alcance de programas como el Paef o tarifas diferenciadas para las mipymes hasta los que proponen mayores alivios para los deudores, cambios de multas, de tratados de libre comercio o de clasificación de los municipios, entre otros temas.
Por ejemplo, el senador del Centro Democrático Fernando Nicolás Araújo propone que los jóvenes menores de 30 años que no hayan tenido contratos laborales formales ni de aprendizaje, y que sean técnicos, tecnólogos o profesionales universitarios, podrán conseguir empleo a través de un contrato especial por un periodo no inferior a 1 año ni superior a 2 años.
Para los jóvenes, la presidenta de la Comisión Tercera de Senado, María del Rosario Guerra, también pide que se otorgue un bono equivalente al valor de la financiación de la matrícula cero para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, pero que realicen sus estudios de pregrado en instituciones privadas.
Respecto al empleo, el representante del Centro Democrático Óscar Darío Pérez pide que se incluyan como beneficiarios del Paef a los trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, y en materia de género, la representante por la Alianza Verde, Catalina Ortiz, ya tiene aprobada la proposición para garantizar que al menos una mujer de cinco tenga presencia en el Comité Consultivo de la Regla Fiscal.
En cuanto a las empresas, el senador del Partido Conservador, Efraín Cepeda, propuso aumentar el alcance del régimen simple, y John Milton Rodríguez, del partido Colombia Justa Libres, propone que la tarifa de renta sea del 27% para las mipymes y de 35% para las demás a partir del año gravable 2022.
A su vez, el senador Ciro Ramírez, pide que se establezca un impuesto del 10% sobre altos salarios a partir de $25 millones para todos los funcionarios del sector público y el privado.
