La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, envió un concepto a la Corte Constitucional en el que solicita extender la vigencia del organismo que deberá entregar el informe final sobre el conflicto armado el próximo noviembre
La Procuraduría General de la Nación solicitó este miércoles la ampliación del periodo de vigencia de la Comisión de la Verdad, organismo creado a instancias del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC, con la intención de garantizar el derecho a la verdad y a la no repetición de las víctimas del conflicto armado.
A través de un concepto enviado a la Corte Constitucional, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, pidió extender el periodo del organismo presidido por el sacerdote jesuita, Francisco de Roux, durante siete meses más de los establecidos, para que realice sus funciones y presente el informe sobre el conflicto armado en el país.
A juicio de Cabello, las garantías de las víctimas no hacen parte de los aspectos de libre ejecución por parte del legislador, sino que corresponden a mandatos que hacen parte integral del ordenamiento superior, que se ve robustecido por el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final con el fin de concretar la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
“No hay duda de que el Constituyente le ordenó a la Corte Constitucional revisar de manera oficiosa la normatividad que se expidiera con ocasión de la finalización del conflicto, con el fin de que sus efectos fueran acordes con los derechos de las víctimas”, indicó la funcionaria con relación a la facultad de interpretación del decreto de Ley 588 de 2017 que consolidó la Comisión de la Verdad.
A su vez, Cabello señaló que las medidas adoptadas en el país para la contención de la pandemia de covid-19 impidieron el cumplimiento de los tiempos fijados para la ejecución de la misión constitucional de este organismo del Sistema Integral para la Paz, que busca el esclarecimiento de las causas del conflicto armado, satisfaciendo el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, desde las regiones.
“En especial, aquellas donde ha existido pobreza, desigualdad, ausencia de las autoridades, carencia de los servicios de salud y precarias condiciones sanitarias, las cuales, desafortunadamente, coinciden con las zonas más afectadas por el conflicto armado”, manifestó la funcionaria.
