En los sistemas democráticos, quienes acceden al poder ya sea en cualesquiera de las tres ramas, ejecutiva, legislativa y judicial; asumen con sus funciones y competencias, una indiscutible responsabilidad política en relación con la ciudadanía, y están obligados a dar ejemplo de pulcritud y honestidad.
Desde luego tal precepto ético y político se hace más exigente para quienes integran la ramas ejecutiva y legislativa; porque en la judicial, debido a su nominación y compromiso ineludible con el derecho y la justicia; no están obligados a dar cuenta de su gestión, pero ello no les excluye de que en sus providencias sean objetivos y transparentes.
El presidente, sus ministros y altos funcionarios del gobierno nacional, así como los gobernadores y alcaldes, al ejecutar los presupuestos dirigidos a satisfacer las necesidades más apremiantes de los ciudadanos, deben estar permanentemente sometidos al escrutinio público, donde los medios masivos de comunicación ejercen su principal misión informando y valorando, objetiva e imparcialmente las decisiones que aquéllos adoptan.
Esta breve introducción me permite referirme al más reciente escándalo de corrupción ocurrido en el ministerio de las TIC, en el cual, de acuerdo con la abundante información conocida hasta hoy, están en alto riesgo de perderse 70 mil millones de pesos, por la contratación dirigida a conectar con internet cerca de 15 mil centros escolares de las regiones mas apartadas. Un programa sin duda alguna ambicioso, muy necesario y que pretende la equidad social hacia la población más vulnerable de las zonas geográficas agobiadas por el conflicto.
Las explicaciones y justificaciones que ha dado la ministra son totalmente insuficientes y que además buscan tender una cortina de humo sobre los gravísimos hechos ocurridos al interior y por fuera de su ministerio.
Lo más grave e inaudito es que contrataron una firma supuestamente especializada y acreditada en revisar las garantías en los procesos de contratación pública, por la exorbitante suma de 540 millones, la que en menos de 18 minutos dio el aval a tales garantías que terminaron siendo falsas o falsificadas ante el Banco ITAU como avalista financiero de las mismas.
Desde luego tal contratación fue directa y ello hace presumir que su actuación y compromiso contractual no se ejecutó con la debida responsabilidad ni menos aún con la transparencia necesaria.
También se ha sabido que dos asesores jurídicos cercanos a la ministra, intervinieron en la elaboración o estructuración de la licitación pública en sus aspectos legales y de transparencia, donde resulta inexplicable que no se percataron de que de las tres firmas que hacen parte del Consorcio Centros Poblados, realizaron cambios en sus estatutos para adecuar la experiencia e idoneidad exigidas para la especialidad del objeto contratado.
Por otra parte, se afirma por los medios que, en dos de tales firmas, están vinculados personajes condenados por corrupción como serían el exgobernador Cruz y Emilio Tapia, éste último conocido como uno de los cerebros del cartel de la contratación en Bogotá. Además, los medios han denunciado que ICM, una de las integrantes del consorcio, tiene contratos multimillonarios en otras entidades del Estado.
En estas dolorosas circunstancias es indispensable preguntarse donde esta la responsabilidad política de la ministra y del partido que representa en el gabinete. Es cierto que a ella la cobija la presunción de inocencia, pero es tan devastador el escándalo que ya debería haber renunciado y no verse obligada a hacerlo antes de la moción de censura que debe enfrentar en el Congreso.
Ahora bien. Por los lados del presidente Duque, es indiscutible que se ha equivocado colocando las manos en el fuego por su ministra. Pues la lealtad debería ser de ella hacia el gobierno y no al contrario como viene ocurriendo.
Las responsabilidades políticas son inevitables y sobre ellas el juez natural es el ciudadano que seguramente cobrará su factura en las elecciones del 22.
Y lo que faltaba. El Juez de Puerto Colombia que con su cínica actuación retrata las consecuencias que han quedado del vergonzoso “ cartel de la Toga”.
