Durante la presente semana, la Corte Constitucional avaló la Ley que le va a permitir a cerca de diez millones de personas, tener la oportunidad de sanear su estado crediticio ante las centrales de riesgo. La llamada “Ley de borrón y cuenta nueva” es una buena noticia. Aunque varios economistas y expertos del sector financiero han expresado sus sospechas sobre el articulado que pasará a sanción presidencial, es un gesto importante en un debate que se ha aplazado por mucho tiempo en el país. En medio de la más profunda crisis social y económica en que se encuentra sumida la sociedad colombiana, es loable la actitud de algunos congresistas que tuvieron la iniciativa de presentarla para que más personas puedan ser incluidas en el sistema financiero del país.
Igualmente, la economía formal e informal se van a beneficiar, si se cumplen los requisitos establecidos en el articulado de esta nueva norma, que conducirá a fortalecer la dinámica productiva, que se encuentra recuperando a velocidad de crucero, de acuerdo con los indicadores proferidos recientemente por el Dane, donde la economía creció el 8,8% durante el primer semestre del presente año, frente a igual periodo de la vigencia anterior.
Las historias por los reportes en Data crédito son variopintas. Claro, están los grandes deudores que de manera irresponsable incumplieron con sus obligaciones y les causaron perjuicios a quienes creyeron en ellos. Pero la mayoría de los diez millones de colombianos que se espera saldrán beneficiados, están reportados por deudas pequeñas, incluso si sus hábitos de pago han cambiado. La realidad es que hoy un reporte negativo ante las centrales de riesgo es una barrera de acceso a la educación, a la vivienda y, en algunas ocasiones, a obtener buenos empleos.
Así la Ley Estatutaria 062 de 2019, que recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, es razonable en sus tiempos. Da un plazo de un año para borrar del sistema de reporte el pasado crediticio negativo. Crear incentivos para que las personas entren al sistema financiero es una medida para apoyar. Tiene que ir acompañada de educación financiera y de políticas cautas de préstamos, por supuesto. No obstante, el reporte en centrales de riesgo no puede convertirse en un obstáculo para que las personas que hayan cambiado sus hábitos tengan acceso a créditos.
Por tal motivo, los deudores morosos tendrán 12 meses para ponerse al día con sus obligaciones. Con ésto, podrán exigir a la central de riesgo que elimine su información negativa. La entidad tendrá un plazo máximo de seis meses para corregir y limpiar el historial crediticio del solicitante.
