DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO
Por: Brayan Smith Sánchez
En el departamento del Huila se siguen presentando amenazas contra líderes sociales de la región, asociaciones de Derechos Humanos de la ciudad de Neiva exigen las debidas garantías para este tipo de casos y llaman a una mesa de diálogo con las entidades públicas para generar soluciones ante la problemática vivida.
En el departamento del Huila en las últimas horas se presentaron nuevas denuncias de casos de amenazas contra líderes sociales de la región, lo cual ha generado que tanto las autoridades competentes como la policía, ejército, entidades y asociaciones de derechos humanos y demás, prendan las alarmas a tan preocupante tema que genera zozobra.
Por ello, Diario del Huila decidió dialogar con los integrantes de las diferentes organizaciones de Derechos Humanos que existen en la ciudad de Neiva, donde expusieron el panorama actual del ser líder y lideresas, las consecuencias que genera realizar esta actividad, también sobre las garantías ofrecidas por la administración municipal y gubernamental del territorio.
Panorama
William Calderón, Coordinador de la Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra, REDEPAZ, sostuvo que el panorama de estos gestores sociales no se podría calificar como bueno por los diferentes hechos que se han denunciado y ocurrido a lo largo y ancho del departamento del Huila estos últimos meses.
Expresó que estas amenazas contra la integridad física de estos líderes y lideresas han ocasionado un desplazamiento forzoso de sus cotidianos hábitats, lo cual ha generado un rotundo rechazo por los diferentes comités de DD. HH apelando a la falta de garantías que tienen ellos al ejecutar sus funciones.
“El panorama de los líderes sociales y de las lideresas sociales, gestores y gestoras de derechos humanos en el departamento del Huila no lo podríamos calificar como bueno, hay amenazas que se hicieron sobre la integridad física de varias mujeres y hombres, algunos han tenido que sufrir el desplazamiento forzado por esa violencia, así sea un desplazamiento interno o sea dentro del mismo municipio o de un lugar a otro”, dijo el coordinador.
Asimismo, Manuel Enrique Valenzuela Perdomo, representante de la Corporación Open Mind People Colombia, COMPEC, sostuvo que una de las principales razones por las cuales se han aumentado las amenazas a los diferentes líderes sociales ocurre por el estallido social que se presentó en toda Colombia hace aproximadamente tres meses.
Donde a raíz de las diferentes denuncias que ellos han puesto sobre las posibles violaciones de los Derechos Humanos universales, son objetos de amenazas, ya que, según Manuel Valenzuela defienden la dignidad humana cosa que no les gusta a muchos.
“Primero que todo, para nadie es un secreto que en el marco de la coyuntura social que vivió el país, el estallido socio económico y social obligó a reactivar a muchos líderes sociales con el fin de proteger y garantizar los diferentes derechos consagrados en la constitución política de Colombia título II capítulo I. Artículo 11 al 45 donde nos habla de los derechos humanos. Sin olvidar atrás la declaración universal de derechos que se dio en 1948 en las Naciones unidas”, enfatizó Valenzuela Perdomo.
Garantías
Debido a las problemáticas y las diferentes denuncias que han llegado al Ministerio Público y demás entidades competentes, según Manuel, “no hay garantías para ejercer nuestra labor humanitaria y social en el país, sin ir muy lejos hemos sido objetos de amenazas, de perforaciones y golpes por exceso de la fuerza por parte de la fuerza pública en los últimos meses”.
La Red Departamental de Derechos Humanos del Huila (REDEDH), mencionó que este tipo de actos viola el principio de proporcionalidad, de diferenciación y el decreto 003 del 2021 emitido por el Gobierno Nacional, por lo cual exigen que se respete la labor de las y los defensores de los Derechos Humanos y la adopción de las medidas pertinentes del mencionado edicto y una mesa de diálogo para generar soluciones claras ante la problemática.
“Exigimos al señor Gobernador y a los señores alcaldes de los municipios, la adopción urgente del decreto 003 de 2021 con las instancias de diálogo y mediación previstas para tal efecto y a instalar una mesa de interlocución ampliada entre el sector juvenil movilizado en el departamento y las autoridades administrativas para que, en el marco de las garantías para tal efecto y a través de un plan de acción a mediano y largo plazo se genere un proceso real de concertación orientado a dar soluciones a las sentidas problemáticas de la juventud opita expresadas en la movilización social”, dijo
¿Qué dicen las autoridades?
El coordinador de Redepaz, menciona que las autoridades tienen una ruta para el proceso y acompañamiento de estos casos, “hay unas rutas establecidas previamente para hacer la denuncia correspondiente y las declaraciones pertinentes ante el Ministerio Público, para que sean aceptados como víctimas del conflicto en el caso de que el victimario haga parte de lo que se considera conflicto armado interno. Estos apoyos qué no es integral y no es definitivo de parte de las autoridades para con los defensores y defensoras de derechos humanos”
Vulneraciones
Tanto Manuel Enrique Valenzuela como William Calderón afirman que estos actos vulneran toda clase de derechos especialmente la vida, que el derecho más importante constituido, aun cuando Colombia es signataria y ha firmado pactos internacionales para los defensores de los Derechos Humanos, sosteniendo que en la práctica es poco o casi nula, el servicio afectivo que presentan y plantean los entes gubernamentales del territorio.
Sostuvo el coordinador de Redepaz, que esto se deriva debido a que los diferentes líderes sociales del departamento del Huila, están pendiente de temas muy complejos donde se involucran personas peligrosas, y temen a que se sepa las verdades.
“Primero porque uno dice la verdad y la verdad es la primera víctima en un conflicto armado interno y al decir uno la verdad pues como se dice popularmente y como lo dicen los abuelos ‘pisan callos’ y eso obviamente molesta a quienes son corruptos, a quien es vulneran los Derechos Humanos y a los que no ejercen lo que tienen que ejercer en los mandatos ciudadanos”, enfatizó.
Por último, Manuel Enrique Valenzuela agregó que esta labor humanitaria de ser un líder social no se puede terminar y dejar atemorizar por las distintos inconvenientes que se han presentado en los últimos meses, asimismo, los diferentes coordinadores de las asociaciones y entidades de los Derechos Humanos en la ciudad de Neiva, hicieron un llamado a las entidades públicas de la región a sentar a dialogar sobre este tema que día a día coge más fuerza por la poca ejecución que tienen sobre el tema.