El segundo debate de la nueva reforma tributaria resultó un hecho histórico para el gobierno nacional, porque la plenaria del Congreso de la República aprobó por fin el articulado que busca sanear transitoriamente las finanzas públicas nacionales. Su propósito es recaudar 15 billones de pesos para enfrentar la crisis social y económica desatada por la pandemia del Covid. El articulado de la llamada ‘Ley de inversión social’ avanza normalmente el trámite legislativo; quedó aprobada por amplias mayorías, a pesar del retiro de la bancada de la oposición. Esta es una iniciativa legislativa surgida de la urgencia no solo de mitigar el creciente impacto fiscal de la lucha contra el coronavirus, sino también de financiar las ayudas y los subsidios gubernamentales.
Los propósitos sociales quedaron incorporados en dicha reforma. Ahora el Proyecto deberá ser conciliado. Se aprobó el congelamiento del gasto público por 10 años, mayores controles para los evasores y mejorar la eficiencia del recaudo, un aumento al 35% de la tasa de impuestos que solo lo pagarán el 10% de las empresas que corresponden a las más grandes del país, mantener el descuento del 50% del impuesto de industria y comercio y no llevarlo al 100%, el sistema financiero deberá pagar una sobretasa del 3%. Naufragó el intento de que las empresas pagarán un impuesto de las industrias de bebidas azucaradas y de los salarios altos del sector privado y oficial.
Igualmente, se aprobaron alivios fiscales para los deudores morosos de impuestos de multas de tránsito y de la Dian, buscando que se pongan al día con los saldos a capital e intereses moratorios. También se garantiza la continuidad de los programas sociales como el agro ingreso solidario y del empleo, para las familias vulnerables, a través de una renta básica de emergencia. Las regiones tendrán más recursos para tener una mayor solvencia y una reactivación económica, especialmente el sector de gastrobares y restaurantes que estuvieron cerradas por las medidas de confinamiento. Quedaron plasmados las ayudas e incentivos para los jóvenes entre los 18 y 28 años, donde las empresas recibirán un aporte del 25% de un S.M.M.L., por cada uno de los trabajadores adicionales que contraten; se garantiza la matricula cero para los estudiantes de universidades públicas para los estratos 1, 2 y 3.
Para muchos expertos en esta temática, esta reforma ha sido inoportuna, sobre la implicación que genera para los agentes económicos del país. Aunque el costo mayor lo lleva el sector empresarial del país, todos sabemos que dichos incrementos en sus costos de producción necesariamente van a ser trasladados a las familias colombianas, a través de los aumentos de precios en los bienes y servicios que consumen.
