En una época a los ejecutivos de las empresas y supongo que también a los funcionarios públicos, les llevaban unos recortes con las noticias importantes de prensa del día y los comentarios de los columnistas, para que no tuvieran que perder tiempo leyendo los periódicos. Supongo que eso ya no existe porque con los noticieros de radio y televisión y la facilidad del internet es fácil enterarse. Pero algunos funcionarios no leen y si leen no les interesa.
Hay tres asuntos que han surgido de nuevo estos días, aunque no con la importancia que merecen: los rellenos sanitarios, el PAE y los ventiladores mecánicos.
Los dos ministros del ambiente de este gobierno han insistido en que se apruebe el adefesio de Escazú, que sería una guillotina para el desarrollo del país, mientras en sus narices se deforesta y se contaminan los ríos con la minería ilegal y la producción de coca. Exigirles que regulen los rellenos sanitarios es mucho pedir. Cuando era alcalde, Moreno Rojas quiso enviar a Europa unos técnicos que estudiaran el manejo de basuras allá. No alcanzó a hacerlo porque se cayó. Pero el tema no es solo bogotano sino nacional. Lo acabamos de ver en Santander. En Austria, Holanda y otros países europeos se recicla más del 90% de las basuras y se dispone de los residuos orgánicos para fabricar abonos. En Suecia se importa, literalmente, basura de otras partes (residuos no reciclables) para alimentar plantas eléctricas que calientan los andenes en invierno. Algo a lo que los ministros deberían meterle muela, pero no. Sólo les interesa Escazú.
En Bogotá, la alcaldesa habló de poner plantas eléctricas en los rellenos, pero se quedó en bla. Servirían para alimentar la energía del metro y de los tranvías.
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El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es un sistema corrupto donde unos contratistas disponen a su antojo de los billones que cuesta alimentar a los niños en las escuelas, su única comida del día. Se les dan, cuando se les dan, alimentos viejos o podridos y escasos. Y se habla bla una y otra vez, pero no aparecen las soluciones. Y son simples: con una regulación del Mineducación se pueden crear cooperativas en todos los colegios públicos, presididas por los rectores, pero conformadas por los padres de familia, que se encarguen de la alimentación de sus hijos, por medio del trabajo de las propias madres que no tienen interés en robar a sus hijos. EL ICBF se encargaría de vigilar las cooperativas, lo que no ha podido hacer con los contratistas del PAE. Se acabaría la corrupción.
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Cuando llegó el covid-19, centros universitarios y compañías privadas emprendieron costosos proyectos para fabricar los respiradores mecánicos, aparatos salvavidas que requieren alta tecnología. Mientras las farmacéuticas investigaban para las vacunas, aquí se hacía lo propio para los respiradores. Hoy, dieciocho meses más tarde, el mundo avanza aceleradamente para vacunar, pero en Colombia los proyectos de ventiladores están trancados por el órgano regulador de la materia: el Invima. Mientras se avanzaba en la apertura de nuevas UCI, que requieren esos respiradores, se importaban por el Minsalud, al doble del precio anterior, ventiladores que no siempre salieron de buena calidad. Pero el Invima, como mula muerta en el camino, no ha sido capaz de avalar los fabricados en Colombia o de indicar por qué no los aprueba.
Se habla de auspiciar los nuevos emprendimientos, pero es puro bla.
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Ojalá los funcionarios públicos trabajaran en favor de las necesidades del país y se preocuparan por buscar soluciones.
