Aunque existe la norma que obliga a la participación de la mujer en las listas al congreso de la República, Asambleas, Concejos y juntas administradoras locales JAL, los resultados no han sido los mejores al respecto a quién es financiera o a quienes finalmente son elegidas.
Ahora se está proponiendo para ayudar a modificar a esta situación entregar más financiación del Estado para el funcionamiento de los partidos en proporción al número de curules que sean ocupadas por este género.
Se trata de un proyecto de ley estatutaria que fue presentado por la senadora Esperanza Andrade del partido conservador y la representante a la cámara por esa misma colectividad Adriana Matiz Vargas, que cuenta con la firma y respaldo de parlamentarios del Centro democrático, Cambio radical, el partido Liberal, Colombia renaciente y la coalición de la decencia entre otros.
La ley establece que el estado concurrida la financiación del funcionamiento permanente de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica por conducto del fondo nacional de financiación política.
La iniciativa estatutaria busca modificar las curules y los numerales 3 y 6 de la ley 1475 de 2011 el primero de los cuales se establece que el 40% de los recursos que existen en dicho fondo se distribuirán entre todos los partidos o movimientos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección del Congreso de la República, en tanto que el numeral 6 de dicha ley indica que el 5% se distribuirá entre todos los partidos o movimientos políticos en proporción al número de mujeres elegidas.
La propuesta que se hace en ese proyecto de reducir del 40 al 35% los recursos anuales apalancados en el fondo nacional de financiación política destinados a ser distribuidos entre todos los partidos o movimientos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección del congreso. El propósito es que ese 5% que se deja de entregar a las colectividades de los recursos del fondo en proporción al número de curules obtenidas en el congreso se sume al actual 5% que reciben anualmente en proporción al número de mujeres elegidas en esta corporación es decir que pasaría al 10%.
Así pues, el objetivo de este proyecto de ley estatutaria es incentivar a los partidos y movimientos políticos a inscribir más mujeres a los cargos de elección popular, así como garantizar recursos para la financiación de los procesos políticos y electorales de este género con miras a avanzar en un empoderamiento y lograr una participación efectiva de ellas en los procesos electorales del país.
