DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Brayan Smith Sánchez
El asentamiento Primero de Enero en el municipio de Acevedo, el pasado 14 de septiembre fue desalojado y por ende comenzó su demolición. La alcaldía del municipio para ejecutar la acción propuso un plan de contingencia lo cual fue aprobado, sin embargo, habitantes del sector sostienen que no se están cumpliendo con las garantías propuestas y se ven vulnerados sus derechos.
El pasado martes 14 de septiembre en el municipio de Acevedo Huila, suroriente del departamento, en el asentamiento Primero de Enero se llevaba a cabo en horas del mediodía el desalojamiento a los habitantes del sector debido a la orden emitida por la administración local encabezada por Gentil Tapiero.
“Inició la intervención por parte del ESMAD el día martes a eso de la 1 o 2 de la tarde, se presentaron por parte de algunas personas sobre el puente Pilato una pequeña resistencia que no duró más de 10 minutos, el ESMAD procedió a ingresar al sitio de la invasión conocido como Hogar Juvenil Campesino, la gente no puso ninguna resistencia, la demolición inició a eso de las cuatro de la tarde con las primeras viviendas, La gente no se opuso y el panorama ha sido tranquilo, no hemos tenido hechos lamentables, ni heridos y pues la gente de hecho no pudo hacer nada porque hubo un despliegue judicial y militar de grandes proporciones nunca antes visto y lógicamente ante esa fuerza del Estado pues las personas víctimas del conflicto y la población vulnerable que se encuentran en este sitio prácticamente le era imposible hacer cualquier tipo de resistencia”, indicó Dionel Vargas, personero de Acevedo delegado por la Procuraduría.
Por otra parte, habitante del sector expresa que han sido días bastantes complicados debido a que sus hogares están siendo destruidos, los cuales construyeron con tanto sacrificio.
“Estos días han sido terribles, triste, da dolor ver cómo están dañando las cosas, de ver que no les importa que hay mujeres embarazadas y niños, el ESMAD entra sin alma y sin corazón. Esto es un desastre total, la gente corre, llora, los niños sin comida porque el alcalde declaró toque de queda del lunes a jueves y el comercio está totalmente cerrado y no hay cómo conseguir algo”, sostuvo la denunciante quien, por razones de seguridad, pidió no publicar su nombre.
Sin garantías
Es de precisar que, para ejecutar el desalojamiento, la administración debía tener un plan de contingencia, como un resguardo para que la comunidad para que allí viviera mientras se soluciona el tema, acceso a los programas de vivienda, acompañamientos y demás.
Pese a todas estas condiciones, esta acción según el alcalde, el martes en horas de la mañana la procuraduría dio permiso para iniciar la intervención, sin embargo, las personas desplazadas del asentamiento afirman que esto no es así.
“La alcaldía no está cumpliendo con lo que ha prometido, porque empezando el albergue se suponía que era por mucho tiempo y ahora salieron con que hasta hoy entonces, se supone que si nosotros éramos trasladados del sitio de donde estábamos viviendo debe haber una reubicación o debe haber un auxilio o una indemnización que hasta ahora Gentil Tapiero no ha dado la cara para nada”, indicó la persona denunciante.
El personero delegado por la Procuraduría, expresó que la entidad provisional y regional presentó un oficio donde hace referencia a las faltas de garantías logísticas del acondicionamiento para la comunidad vulnerable y la población víctimas del conflicto.
“En aras de una sentencia del Juzgado Cuarto Circuito Administrativo de Neiva, le daba 12 meses de plazo al alcalde para cumplir con las garantías de una vivienda digna para la población víctima que son 633 personas registradas en la Unidad de Víctimas”, manifestó el funcionario.
Indicó además que estas personas no podían ser nuevamente victimizadas y no ser objeto de desalojo, “logramos con unos requerimientos la suspensión el día lunes por la noche, pero el martes en una nueva reunión la alcaldía mostró la Casa Campesina y el Centro Multicultural la posibilidad de ampliar a la casa de la cultura como sitio de albergue, el ancianato una casa que acondicionó para los menores y nuevamente activaron el protocolo para iniciar la diligencia como se hizo”, expresó el personero.
Una de las condiciones para realizar el desalojo, era suministrarle y otorgarle subsidios de vivienda en el municipio, Diario del Huila conoció que la oferta inmobiliaria en Acevedo es casi nula y la oferta institucional que hicieron en vivienda de interés social y el programa Mi Casa Ya, no cumple ninguno de los requisitos ante el Gobierno Nacional para que la gente pueda acceder a los subsidios y obtener un hogar.
No han querido ir a los albergues
Los habitantes expresan que las condiciones en los albergues no son las adecuadas, sostienen que en la Casa Campesina, lugar brindado para las personas que viven en el asentamiento Primero de Enero, no hay agua ni hay lavaderos para lavar ropa y los baños están en malas condiciones.
“Desde este Ministerio Público, si bien es cierto la administración ha acondicionado algunos sitios, pero estos no tienen las adecuaciones dignas, ni mucho menos los protocolos y normas de bioseguridad ante la pandemia de Covid-19, ante lo cual muy poca hasta el día de ayer solamente 35 personas habían ido al sitio de albergue porque consideran que allá no tienen las condiciones dignas para ellos poder vivir”, indico el personero.
El Centro Multicultural expresan que es un polideportivo y la Casa Campesina es un sitio grande donde acondicionaron 150 colchonetas, “prácticamente la gente no ha ido a los albergues porque la administración les ha manifestado que solamente van a estar unos días”, enfatizó.
Las personas que voluntariamente han querido ir a los sitios propiciados por la alcaldía, hay aproximadamente registradas según el personero 35, debido a que el resto consideran que no es el sitio ideal para acondicionar el núcleo familiar.
“Tenía conocimiento que las personas que se quedaron anoche, sólo se les brindó un pan y un chocolate, la mayoría de la gente ha optado por buscar otros sitios y municipios, no sabemos cómo las víctimas que estaban caracterizadas y qué eran 633 a donde van a llegar, como llegaron y pues esos será objeto de posterior requerimiento de la administración municipal”, dijo Dionel Vargas.
Sostuvo que era necesario conocer la ubicación de cada una de estas personas para que así la administración pública establezca una ruta que permita canalizar recursos o ayudas para su sostenimiento en este tiempo de incertidumbre.
Algunas de las familias que estaban en el asentamiento indica el personero, que tenían propiedad en el mismo municipio y salieron para allá, mientras otras actualmente buscan recursos económicos para transportarse a sitios como Pitalito, Suaza, Algeciras y demás, donde tienen familiares que les puedan brindar un techo mientras solucionan el tema de vivienda y su acondicionamiento.
De dos meses a unos días
“En estos momentos estamos en un albergue que fue adaptado en un sitio llamado la Casa Campesina en Acevedo lo que nos dijeron es que nos podíamos quedar el tiempo que necesitáramos mientras podíamos ver qué soluciones se daban”, indicó el denunciante.
Sin embargo, sostiene que personas encargadas del albergue habían dicho que en la administración municipal no había presupuesto y que en muy poco no darían comida y que tenían que mirar para a donde ir, “la mayoría de los que estamos acá no tenemos donde ir y tenemos que mirar para donde cogemos y no hay recursos y el alcalde no nos dice nada”, mencionó.
“Una sub intendente llamada Damarys que fue la persona con la que nosotros nos pusimos en contacto explicándole la situación, donde le explicamos que no podíamos salir de la casa porque no teníamos para dónde coger, ella nos dice ‘ustedes tienen las garantías de qué se le va a ofrecer un albergue por dos meses mientras ustedes miran qué soluciones da el alcalde o si por sus propios recursos pueden conseguir para dónde irse’ pero resulta lo contrario”, afirmó.
“Resulta que ayer en el día de la mañana las personas que están encargadas del albergue dicen que en la noche no va a haber comida y a partir de mañana tenemos que buscar para dónde irnos, le preguntamos cuales eran las razones y no tienen respuesta de nada porque son empleadas dispuestas por la alcaldía para atender a las personas, ellas emiten lo que haya les dicen”, dijo.
Por último, el personero manifiesta que, “las familias siempre plantearon la posible de que les vendieran los terrenos, que ellos reunían los recursos entre todos y pagaban los terrenos, pero nunca quisieron escuchar esa propuesta ni que hicieron por parte de la administración manejar la propuesta, de pronto ellos hubieran conseguido los recursos de manera particular, por su esfuerzo propio para que los terrenos fueron vendidos y ellos hubieran podido legalizar la propiedad”.
Sostiene que no hay garantías por parte de la administración local.
