Los senadores Armando Benedetti, Dayra Galvis y Antonio Zabaraín de Cambio Radical y Mauricio Gómez Amín del partido Liberal serán investigador por la Corte Suprema que abrió indagación preliminar por presunta participación en el escándalo de los $70 mil millones que se perdieron entregados como anticipo por el Min Tic a la unión temporal Centros Poblados en el fallido contrato para llevar internet a regiones apartadas.
Tras que dos veedurías ciudadanas presentaran sendas denuncias y también por los testimonios que habrían entregado algunos de los implicados capturados por el escándalo de los $70 millones embolatados, ayer la Corte Suprema abrió indagación preliminar a los senadores Armando Benedetti; Dayra Galvis y Antonio Zabaraín, de
Cambio Radical; y Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal.
Desde finales de la semana pasada se filtró que supuestamente Emilio Tapia, uno de los capturados por estos hechos pues habría participado en la estructuración de la propuesta que presentó Centros Poblados al Ministerio de las TIC para quedarse con el contrato que superaba $1 billón, habría entregado información a la Fiscalía sobre lo ocurrido.
Entre lo que habría dicho Tapia a la Fiscalía, quien pagó 7 años de prisión por ser uno de los empresarios que se aliaron con el entonces alcalde Samuel Moreno para obtener contratación de manera ilegal en lo que se conoció como el Carrusel de la Contratación en Bogotá, es que algunos parlamentarios, de los cuales habría entregado sus
nombres, buscaron influir ante el entonces ministra Karen Abudinen para evitar la cesión de este contrato entregado a Centros Poblados.
Tras conocerse la decisión de la Corte de aperturar indagación a los 4 senadores, ellos se pronunciaron rechazando de tajo que hayan tenido que ver algo con estos hechos.
