El ministro del Ambiente acaba de anunciar que presentará al Congreso el Acuerdo de Escazú antes de terminar octubre “porque se le vencen los plazos” y, entretanto, seguirá con las “socializaciones”.
Ministro: no se deje engañar con falsas afirmaciones por los sabihondos que se autodenominan “ambientalistas”. Lea usted mismo el Acuerdo de Escazú y convénzase de los riesgos que tiene.
No entiendo por qué este asunto lo maneja el ministro del Ambiente. De acuerdo con la Constitución, las relaciones internacionales corresponden exclusivamente al presidente y su atención es de la Cancillería. Tampoco entiendo por qué están “socializando” este proyecto: es claro que los “ambientalistas”, que se convertirían en virtud del Acuerdo en los dueños de vidas y haciendas en Colombia, van a manipular toda “socialización” que se haga. Y tampoco entiendo por qué los gremios, que fueron los primeros en manifestar su desacuerdo con Escazú, no han sido capaces de plantarse ante el gobierno para que no lo mande al Congreso de nuevo. Es que este Acuerdo impedirá en el futuro que se instale una fábrica o un centro comercial o se construya una carretera, un puente o un edificio sin la venia de los ambientalistas. Y por supuesto detendrá toda la lucha antidrogas, impidiendo que se erradique la coca.
Desafortunadamente, nadie en el gobierno se ha tomado el trabajo de leer el Acuerdo, redactado sin técnica alguna por la Cepal, y que busca someter al país a la jurisdicción de instancias nacionales (otra JEP, pero ambiental) e internacionales en toda iniciativa -que son todas en un país en desarrollo- que tenga que ver con el ambiente. Colombia tiene una agenda bastante avanzada en la materia con licencias, planes de manejo y guías, y hace tiempos que se instalaron las consultas populares, cuyo resultado, si se analiza, ha sido desastroso porque ha impedido muchos proyectos de desarrollo de las regiones. Si falta algo por hacer, hagámoslo, pero no dejemos que nos gobiernen los “ambientalistas” nacionales o extranjeros.
Ya que los gremios no han sido capaces de hacerlo, yo pido, suplico, ruego al presidente y a la canciller -el ministro del Ambiente que ha debido hacerlo y no lo ha hecho- que lean el Acuerdo. Solamente eso. Es confuso y farragoso, de 19 páginas, 26 artículos y un centenar de numerales y literales, Pero hay que leerlo para darse cuenta de que no pretende defender el medio ambiente o preservar la vida de sus defensores -asesinados por los grupos armados que siembran coca, hacen explotaciones ilegales de oro, deforestan las selvas y vuelan los oleoductos, todo lo cual es contaminante, sin que el ministro diga ni pío-, sino “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales” (artículo 1) con un complejo proceso de información pública, para el cual se crea la “justicia ambiental” y se permite que cualquier organización, aún sin personería jurídica, nacional o internacional y cualquier persona de cualquier nacionalidad pueda impedir que se desarrolle un proyecto argumentando que se “podría” producir un daño ambiental, así sea mínimo. Pero no hay que probarlo, basta afirmarlo. Nos vamos a llenar de Vivancos ambientales.
Doce países lo han ratificado, incluyendo Argentina, México y Ecuador. Pero ni Brasil, ni Chile, ni Perú lo han hecho. Y las comunidades indígenas del Amazonas se oponen.
Ojalá la canciller se apersonara de este problema y concertara con los gremios. Es su función.
