Las sociedades humanas suelen padecer épocas históricas en las cuales sufren las amenazas de fenómenos sociales que las obligan a generar cambios profundos en sus estructuras ideológicas, culturales y políticas.
En muchas ocasiones tales cambios se han producido a través de movimientos masivos de ciudadanos que, orientados por personajes mesiánicos y populistas, han terminado consolidándose en dictaduras constitucionales o en tiranías que destruyen los valores democráticos.
En otros casos han sido movimientos sociales dirigidos a adaptarse a las nuevas realidades sociales y económicas que inciden de manera determinante en el destino de los pueblos, en cuyo caso, el origen esta estimulado por el deseo de cambio en la estructuración y funcionamiento de las instituciones democráticas.
En este último caso, quienes los inspiran, promueven y estimulan; son generalmente caudillos políticos que por su inteligencia, liderazgo y visión histórica; terminan persuadiendo y comprometiendo a todos los actores sociales y políticos hacia nuevos horizontes institucionales, pero siempre respetando los valores democráticos.
En Colombia hemos padecido guerras civiles desde la época de la independencia republicana, cuando Bolívar y Santander quisieron impregnar cada uno con sus profundas convicciones ideológicas y políticas, el destino histórico de la nueva nación. Ello explica que desde el siglo 19 hayamos tenido diferentes constituciones mediante las cuales se estructuraron el poder y sus consecuentes instituciones políticas.
Finalmente se consolidaron las instituciones diseñadas en 1.886 que con diferentes reformas en 1.910; 1936. 1.945; el plebiscito de 1.957; y la última de 1.968; le dieron estabilidad económica y política a la Nación, hecho afortunado que permitió avanzar en la convivencia ciudadana, la civilidad partidista y en el progreso económico y social de los colombianos.
Con el inusitado crecimiento del narcotráfico y la violencia guerrillera la descomposición social y cultural alcanzó su máxima expresión, fenómenos que no fueron oportuna y convenientemente interpretados por los líderes políticos y sus respectivas colectividades; en donde unos y otros se dedicaron a explotar las prebendas del Estado mientras el pueblo sucumbía ante el chantaje, el secuestro y las masacres de uno y otro bando criminal.
En consecuencia, los valores éticos y culturales, así como los principios fundantes de la nacionalidad entraron en franco y acelerado deterioro; al punto que, para los líderes políticos y sociales; la codicia por el dinero y el poder se convirtieron en los nuevos paradigmas que prontamente se trasladaron a todas las esferas sociales, donde han campeado la delincuencia, la criminalidad y la corrupción.
En este contexto de la reciente historia colombiana, vino la Constituyente del 91 donde los actores políticos y sociales con sus respectivos movimientos partidistas; acordaron el nuevo orden constitucional, institucional, jurídico y político; el cual, luego de 30 años de vigencia exige profundas reformas estructurales en el sistema político y electoral; en la justicia, y en la organización del Estado.
Hoy es incontrovertible que, el mantener incólume el régimen político y electoral así como el matrimonio de los congresistas con el sistema judicial, especialmente en relación con quienes integran las altas cortes; es pretender sostener un régimen de privilegios inaceptables que han sido la causa eficiente del desbarajuste institucional que hoy padecemos, en el cual, la violencia, la impunidad y la inseguridad, agravadas por los efectos de la pandemia, amenazan seriamente la estabilidad democrática de la nación.
Desde luego a tal desbarajuste también contribuye, y de qué manera, un gobierno que no cumple sus promesas y en donde los tecnócratas, llenos de cartones académicos pero muy escasos en el conocimiento y la conexión con las realidades territoriales, lo único que exhiben con orgullo es su estrecha amistad con el gobernante, donde el centralismo bogotano asfixia con su indolencia la creatividad y el deseo de progreso en la amplia diversidad regional.
