De acuerdo con una publicación realizada por El Tiempo, el día de ayer tuvo lugar una de las mayores operaciones adelantadas por el INPEC en tiempo reciente. La operación fue adelantada de forma simultánea en 47 cárceles del país, dejando como saldo la incautación de “756 celulares y 2.011 accesorios para los mismos, 792 armas blancas, 392 litros de licor, 1.956 gramos de marihuana, 3.254 de cocaína y casi 10 millones de pesos en efectivo” (Fuente El Tiempo).
Aunado a lo anterior y siguiendo las tendencias mundiales, se han presentado casos en los que se recurren a drones para ingresar drogas y armas, tal como ocurrió recientemente en las cárceles de Jamundí y del Quindío. Lo que resulta llamativo de todo esto, es que a pesar de que no es algo nuevo y se tiene certeza sobre la continua operación de células de extorsión y delincuencia desde las cárceles, ha faltado contundencia y organización en relación con las estrategias para bloquear señales irregulares de celular desde las cárceles. Esto tomando en especial consideración el hecho de que son las comunicaciones las que hacen posible “orquestar” las conductas criminales.
Estas falencias fueron reconocidas en el marco de la firma del “Pacto contra la Delincuencia” que tuvo lugar a finales de septiembre en la cárcel de Barranquilla. Evento en el que además de haberse reconocido fallas que hacían posible delinquir desde la cárcel y llevaron a la reubicación de varios reclusos por estos hechos; fue un evento en el que se anunció la implementación de una ambiciosa estrategia de comunicación para el próximo año, con la que se busca: (a. Tener un mayor control sobre las comunicaciones irregulares; y (b. Garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad relacionados con los procesos de comunicación.
Para finalizar, considero que además del endurecimiento a los controles en las comunicaciones, resulta necesario diseñar e implementar estrategias que les brinden a las personas privadas de la libertad, la oportunidad de acceder a procesos de formación académica y laboral que les muestre que hay vida más allá del crimen y que facilite los procesos de reinserción a la sociedad. Solo hace falta ver las estadísticas publicadas por el mismo INPEC respecto del índice de escolaridad de la población privada de la libertad, para darse cuenta que la falta de oportunidades académicas y labores es un factor determinante para entrar y nunca salir de la vida del crimen.
