La Comisión primera del Senado aprobó en tercer debate el proyecto que fija un término de seis meses para que la Fiscalía General de la Nación defina si se formulan cargos o se archiva la indagación en el caso de procesados que comentan delitos en contra de menores de edad.
La iniciativa presentada por la Senadora Esperanza Andrade, establece la creación de una unidad especial de investigación de delitos considerados prioritarios cometidos contra la infancia y la adolescencia. Esta será operada por equipos técnicos y profesionales del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, que desarrollará el programa metodológico trazado por el ente acusador.
Participaran además del CTI, otras entidades en la unidad como la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), al igual que las Consejerías Presidenciales para la Niñez, la Equidad de la Mujer, Derechos Humanos y Asuntos Internacionales.
“Deseo enviar un mensaje de tranquilidad a los compañeros ya que podemos mejorar el texto para el siguiente debate. Agradezco el apoyo al PL, ya que la sociedad espera que los delitos de alto impacto tengan un tratamiento diferencial”, sostuvo el representante Gabriel Vallejo (Centro Democrático), ponente de la iniciativa que estuvo durante el debate.
La ponencia
A través de la ponencia, se pretende modificar el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, de tal manera que la Fiscalía tendrá un plazo de 90 días, desde el momento de la imputación de cargos, para formular la acusación o solicitar la preclusión del investigado. En caso de que sean tres o más procesados, o incurra en concurso de delitos, el ente acusador tendrá 120 días para tomar dicha decisión.
En cuanto a las audiencias judiciales, la norma establece que el juicio preparatorio deberá realizarse 45 días después de la formulación de acusación; mientras que la audiencia de juicio oral tendrá el mismo plazo frente a la conclusión de la audiencia preparatoria.
Ahora el proyecto tendrá su último debate en la Plenaria de Senado; de llegar a ser aprobado, pasará a conciliación entre los congresistas y será sancionado por el presidente de la República.
