Muy controvertida la decisión del legislativo de suspender la Ley de Garantías aprovechando la aprobación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2022. Todos los medios de comunicación coinciden en que el Gobierno nacional y su coalición en el Congreso acaban de darle un golpe a la legitimidad de la democracia en Colombia. No había motivos para aprobar una reforma a esta norma tan cerca de elecciones, sin un debate amplio y transparente, y colando la modificación dentro de la Ley de Presupuesto. Más allá de que el presidente Iván Duque esté contradiciendo las críticas que el senador Iván Duque hizo en su momento a la idea de sabotear esa Ley, la realidad es que se acaba de abrir un espacio para la corrupción en todo el país, con el beneplácito de un gobierno supuestamente comprometido con la lucha por la transparencia.
Con ello, no se ayuda a disminuir el creciente desprestigio de las instituciones democráticas, modificando la Ley de Garantías, en vísperas de unas elecciones para elegir al nuevo Congreso de la República. Así como están las cosas, se vislumbra un panorama oscuro para que los actuales congresistas puedan ser reelectos en las próximas justas electorales.
Así la obsesión del Gobierno del presidente Duque, impulsado por los gobernadores y alcaldes de distintas orillas, se sustenta en el desarrollo económico; es totalmente injustificable tal decisión legislativa. De acuerdo con el ejecutivo, era necesario modificar la Ley de Garantías para seguir apoyando la reactivación. En la Colombia dibujada retóricamente desde la Casa de Nariño, las entidades territoriales están atadas de manos y podrían cambiar el rumbo de las regiones si tan solo no tuviesen que responder a los límites impuestos por esa Ley. Esto, mientras Colombia está proyectada para crecer a un ritmo histórico.
Para muchos actores de la opinión pública, tal decisión es menos ingenua. No son justificables las razones expresadas por el Gobierno nacional para permitir la ejecución de convenios interadministrativos, cuando la Ley de Garantías sí permite otros tipos de contratación que son más transparentes y permiten vigilancia pública. Lo que no dijo la postura oficial es que son justamente esos convenios los que autorizan contratación más directa y, por ende, más propicia a ser utilizada para influenciar la balanza política en plena época electoral.
Con la eliminación de una porción de la Ley de Garantías se abre la oportunidad, también, para que se cuestione la legitimidad de las elecciones. Ya empezó. Las voces más radicales de la oposición están hablando de posible compra masiva de votos y de fraude. Ya hemos visto que esos discursos calan entre las personas así no tengan sustento fáctico. Se prevén sendas demandas ante la Corte Constitucional.
